Esta semana el abogado Javier Flores ampliaba su querella contra el gigante sanitario Ribera Salud y solicitaba un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) para investigar si la gestión del Hospital de Torrejón pretendía priorizar criterios económicos sobre la asistencia. Los números del grupo, cuyo CEO Pablo Gallart dio órdenes expresas para ampliar las listas de espera y triar a pacientes, presuntamente, con un interés monetario, son cuanto menos llamativos. Así las cosas, Ribera Salud presentó cuentas con pérdidas de 59 millones de euros en los últimos años de los que hay constancia (2022 y 2023), coincidiendo con pagos nada despreciables de la Comunidad de Madrid. Palabra oculta ¿Eres capaz de descubrir la palabra de la memoria escondida en el pasatiempo de hoy? Jugar El activista Óscar H. (CiudadanO_O), destacaba en su perfil de X, antiguo Twitter, esta apreciación y reflejaba de qué manera las cifras muestran un descenso del 66% de ingresos de explotación en 2022, "rompiendo con la relación precedente (20/30%) respecto a la senda de pagos de la Comunidad. "¿Alguien podría explicarme esto?", preguntaba. Entre otras aristas, destaca la manera en la que se "hunde la eficiencia operativa en el uso de personal" o en qué forma los gastos de personal crecen a un ritmo más alto al del número de empleados". Cifras descendientes, financiación ascendente En la denuncia de Flores, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, se expresa que "los ingresos de explotación declarados por Torrejón Salud S.A. experimentan en el ejercicio de 2022 una reducción excepcional respecto de los ejercicios inmediatamente anteriores, pasando de cifras superiores a los 100 millones de euros a situarse en torno a los 37 millones, lo que representa un descenso aproximado del 66%". El firmante considera que "tal caída no se explica por ninguna circunstancia objetiva conocida del funcionamiento del hospital ni del servicio sanitario público", y emite para ello varios puntos como que "no consta reducción de actividad asistencial, ni cierra de unidades, ni reestructuraciones masivas de servicios, ni modificaciones sustanciales que pudieran justificar una minoración comparable de ingresos", así como que "tampoco existe evidencia de disminución de la población protegida o del volumen de prestaciones sanitarias imputables al hospital". De hecho, todo lo contrario. "La información del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) refleja un incremento sostenido del gasto sanitario público en esos ejercicios", reza el documento. En términos numéricos, también subraya que "simultáneamente, los pagos regionales destinados a la concesión alcanzan en 2022 alrededor de 173,9 millones de euros", siendo ésta la "cifra máxima conocida". "(…) Se genera una contradicción contable especialmente relevante: cuanto más crecen los pagos públicos, menor es la cifra de ingresos declarados por la concesionaria", define. A la hora de ampliar la denuncia, el abogado que pone la rúbrica es muy claro: "Tal contradicción excede de cualquier valoración política, ya que constituye un hecho contable verificable y, como tal, susceptible de proyectar consecuencias jurídico-penales cuando, como en el presente caso, afecta a un servicio público sanitario esencial y a fondos públicos sometidos...