La presidenta del Congreso, Francina Armengol , no convocará esta semana a la Junta de Portavoces que debe decidir si llama a comparecer de manera forma urgente al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez , por los casos de corrupción. La petición la registró el viernes de la semana pasada la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ante la gravedad de que la UCO iniciara el registro de dos ministerios y fijando como marco temporal que las explicaciones se produzcan antes de que acabe el actual periodo de sesiones, el 31 de diciembre. Armengol podía convocar a la Junta de Portavoces fácilmente para este martes ya que ese mismo día se reunirá la Mesa de la Cámara y, además, es la copa de Navidad del Congreso. Si la comparecencia se aprobara esta semana Pedro Sánchez podría tener que comparecer la siguiente, el 22, 23 o 26, o la última del año, en los días 29 o 30 de diciembre. Pero si la Junta de Portavoces no se convoca hasta la semana del 22, aunque se apruebe la comparecencia las opciones para celebrarla se reducen al 29 y al 30, y la fecha se fija de acuerdo con la agenda del presidente. Esta dilatación coincide con que el Gobierno ya ha trasladado que en los planes del presidente no entra comparecer por la corrupción, aunque también se lo solicitó el viernes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz . Varios socios del bloque de investidura no se han pronunciado en público pero sí coinciden en que Sánchez no solo debería comparecer sino hacerlo a petición propia. Todo ello hace temer al Ejecutivo que la comparecencia que reclama el PP pueda acabar saliendo aprobada y quiere, como mínimo, ganar tiempo. El Reglamento del Congreso obliga a Armengol a atender la petición del PP y convocar a la Junta de Portavoces ya que está soportada por más de 70 diputados, pero no fija un plazo para hacerlo. A esta indefinición se agarra la presidenta de la Cámara para dilatar la convocatoria pese a que su deber es el de convocarla en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. La tercera autoridad del Estado está obligada a actuar conforme al principio de neutralidad institucional y respetando el derecho de los diputados a ejercer sus funciones recogido en la Constitución.   Por ello, letrados del Congreso consultados por ABC advierten que Armengol podría incurrir en un uso abusivo de la Presidencia e incluso una obstrucción del derecho parlamentario si dilata sin causa objetiva. Muñoz motiva la comparecencia urgente de Sánchez en «la escalada de casos de corrupción que afectan a su partido y a su Gobierno, ante la creciente alarma social generada por las últimas detenciones y registros en ministerios, empresas públicas y organismos del Estado». La dilatación de la decisión sobre la comparecencia de Sánchez se produce, además, cuando en la Junta de Portavoces se acumulan otras seis peticiones de comparecencia de ministros presentadas por el PP y relacionadas con la corrupción o con el caso del fiscal. Todas ellas están pendientes de ser votadas aunque algunas datan del mes de enero y han quedado ya desfasadas. Sobre este bloque hay acusaciones cruzadas de culpa. Los populares acusan a Armengol de dilatar a veces el proceso de calificación lo que hace que pierdan actualidad para cuando llegan a la Junta de Portavoces. Otras veces aseguran que pasan las semanas y la presidenta de la Cámara no las incluye en el orden del día de la siguiente reunión. Desde el equipo de Armengol pone el foco en que el orden del día se realiza entre todos los grupos -el bloque de investidura tiene mayoría- y el Gobierno, que también participa en la Junta de Portavoces , subraya que ha ofrecido al PP llevar a cabo algunas de esas comparecencias. Los populares por su parte replican que esas ofertas llegan cuando el tema se ha quedado desfasado o cuando coincidiría con días en los que ya hay muchas otras comparecencias previstas, para reducir su repercusión. Letrados del Congreso consultados por ABC denuncian que dejar las comparecencias en espera supone violentar el espíritu del Reglamento del Congreso aprovechando una vez más un vacío legal. «Aunque no haya un plazo límite para someter a votación una solicitud de comparecencia, es evidente que el curso lógico es someterla a votación en la Junta de Portavoces a la semana siguiente en que sea calificada», explican. Desfasadas es lo que les ha terminado sucediendo por ejemplo a las dos solicitudes de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, relacionadas con el exfiscal general y que a día de hoy, con Álvaro García Ortiz condenado y dimitido, siguen pendientes de que la Junta de Portavoces las someta a votación para determinar si hay una mayoría que las apoye. La primera de ellas fue registrada por el PP el pasado 13 de enero y pretendía explicaciones del trimistro para informar sobre la situación procesal de García Ortiz por considerarla «incompatible con el ejercicio de su cargo». El texto también reclamaba cuentas «sobre la implicación de la presidencia del Gobierno y el ministerio de Justicia en la 'dinámica delictiva'» que fue apuntada por el T ribunal Supremo en el auto de enero que sirvió para citar al exfiscal.  Cuando esta primera petición de comparecencia llevaba unos seis meses bloqueada, el PP presentó otra para forzar a Bolaños a explicar «los motivos del respaldo del Gobierno al exfiscal general«. Lo hizo el 30 de julio una vez conocido ya que García Ortiz sería procesado por el Tribunal Supremo. Pero esta iniciativa corrió la misma suerte que la anterior y a día de hoy sigue pendiente de ser sometida a votación en la Junta de Portavoces. En la misma situación se encuentra desde unos días antes otra petición de comparecencia, esta vez dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , para que diera explicaciones sobre «las injerencias que denuncian los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las continuas presiones que presuntamente están recibiendo en las investigaciones que afectan a los casos de corrupción que implican al Gobierno«. El partido que preside Alberto Nuñez Feijóo registró esta iniciativa el 21 de julio. Desde entonces, el ministerio del Interior ha puesto en marcha el cambio de los mandos de esta unidad para ascender al coronel Rafael Yuste a general de brigada. La UCO lleva las indagaciones sobre los casos de Begoña Gómez , Koldo , José Luis Ábalos , Santos Cerdán o la trama de las mascarillas de Almería que afecta a cargos del Partido Popular. El movimiento de Yuste, máximo responsable de esta unidad traerá consigo más movimientos dentro de esta estructura de mandos que denunció las injerencias del Gobierno por las que el PP espera explicaciones desde el pasado mes de julio. Bolaños es, con diferencia, el que cuenta con más peticiones de comparecencia bajo bloqueo. Así, además de las dos relacionadas con el fiscal general, acumula otra que fue registrada por los populares el pasado 1 de agosto sobre el incumplimiento de las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa viene haciendo a España desde el año 2019. Estas recomendaciones son 19 medidas que nuestro país debe implementar para prevenir la corrupción en el Ejecutivo Central y, según la última evaluación de este prestigioso organismo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha implementado ninguna de ellas de manera íntegra. Este informe fue aprobado el pasado mes de junio y evaluó la situación hasta el 31 de diciembre de 2024, pero el Ejecutivo no autorizó su publicación hasta el pasado 1 de agosto, en pleno éxodo vacacional. Ese mismo día los populares pidieron la comparecencia de Bolaños ante el Pleno para conocer «los motivos de la insatisfactoria evaluación» del Greco, «constatando que España no cumple ni una sola de las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción». Con menor tiempo de bloqueo, fue registrada el pasado 4 de noviembre, pero con capacidad de manchar como cómplice al que la rechace, aparece una petición de comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres . La reclamación de explicaciones se centra en sus contradicciones «en torno a sus relaciones con miembros de una trama criminal, integrada entre otros por Koldo García y Víctor de Aldama «. Pero también en »su implicación personal y la de su equipo directo en la consecución de pagos por contratos de material sanitario a las empresas recomendadas« por esta trama. Torres ha aparecido abundantemente en un informe de la UCO sobre la trama de mascarillas en Canarias, apuntando a un trato de favor a la misma, y se espera que esta unidad concluya otro informe que podría contener documentación importante sobre la implicación de este ministro. Dentro del bloque de los casos de corrupción que rodean al PSOE y al Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes fue el primero en aparecer como objetivo, aunque en este caso los socios sí se retrataron y rechazaron que diera explicaciones en el hemiciclo. Los populares registraron esta iniciativa el 27 de febrero de 2024 solicitando que informara sobre la responsabilidad del Gobierno en relación con el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relativos a la compra de mascarillas durante la pandemia, «cuya investigación ha provocado la detención de varias personas, entre las que se encuentra un exasesor del Ejecutivo», rezaba el enunciado en alusión a Koldo García. Y ya por último, y pendiente desde hace casi un año, se encuentra la petición de comparecencia de la ministra de Ciencia, Diana Morant , por la gestión del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde 2019 «y, especialmente, sobre las numerosas irregularidades detectadas en relación con el Programa CNIO-Arte, la contratación de personal, el fraccionamiento de contratos o la realización de viajes».