Las operaciones llevadas a cabo la semana pasada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso SEPI y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el caso Plus Ultra, ambas lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, y las investigaciones ya conocidas en el caso Cerdán-Ábalos, siembran dudas de corrupción en los rescates otorgados por el Gobierno a tres empresas por un importe total de 641 millones: Tubos Reunidos (113 millones), Plus Ultra (53 millones) y Air Europa (475 millones).