La nueva línea de avales para el alquiler dirigida a propietarios que arrienden su vivienda a jóvenes menores de 35 años o familias vulnerables, aprobada por el Consejo de Ministros esta semana, no convence a los propietarios. El anuncio ha sido recibido con escepticismo por parte de los afectados por impagos, como Silvia Viniegra. Es de Gijón, tiene un piso alquilado en La Calzada, y su inquilina no le paga la renta desde 2021. Considera este aval una solución "torpe" e insuficiente; y cree que esta política solo busca "dar una imagen de seguridad" que los propietarios perdieron hace tiempo. La propietaria, afectada por un impago desde hace casi cuatro años, opina que el problema de fondo es la falta de seguridad jurídica para los arrendadores, una situación que, según ella, se agravó con el Real Decreto 11/2020. "Nosotros no tenemos seguridad jurídica", afirma, explicando que este miedo es la causa principal de que la oferta de vivienda se esté retirando del mercado. Desde su perspectiva, el nuevo aval no resuelve esta cuestión fundamental. "Simplemente, con que se devolviera al mercado de alquiler la posibilidad de que, si hay un problema, se pueda resolver en el juzgado, con eso ya volverían muchas viviendas al mercado", argumenta Viniegra. Silvia Viniegra critica que la medida no sea universal, sino que se limite a "unos determinados propietarios" que cumplan condiciones estrictas, como establecer un alquiler tasado. Además, señala un inconveniente clave: el propietario debe iniciar igualmente un procedimiento jurídico por impago y solo podrá solicitar la compensación del aval "cuando los inquilinos se hayan marchado". Viniegra se muestra tajante sobre la efectividad del aval, que califica como una forma de enturbiar aún más la situación. "Yo creo que no es solucionar un problema, es todavía emborronarlo más", sentencia. Esta percepción alimenta sus dudas sobre cuántos propietarios se acogerán a la medida, ya que "tampoco protege al propietario" de forma efectiva durante el largo proceso judicial. La propietaria también advierte de las consecuencias de esta inseguridad: muchos dueños optan por vender sus inmuebles por "temor a ese impago". Según Viniegra, estas viviendas "las están comprando fondos de inversión y extranjeros", lo que no contribuye a que los precios bajen "para nada". El caso personal de Silvia Viniegra ilustra el problema. Alquiló su vivienda en Gijón y, ante las dificultades de la inquilina en 2021, le rebajó el alquiler. A pesar de la rebaja y de que la arrendataria recibía ayudas, "empezaron los impagos, hasta que ya un día definitivamente dejó de pagar", un calvario que dura ya casi cuatro años. Tras un primer juicio en el que la inquilina se allanó, pero sin abandonar la vivienda, el proceso se ha paralizado por completo. La inquilina obtuvo un informe de vulnerabilidad de servicios sociales, lo que "paraliza toda la justicia". Viniegra denuncia que esta situación es una 'estrategia para seguir en el piso y alargar el proceso judicial'. A pesar de su difícil situación, Silvia es consciente de que hay casos más graves. "Mi caso no es el peor", admite, "tengo compañeros que la única vivienda que tienen es la que alquilaron, y están teniendo que alquilar ellos porque no pueden regresar a su casa".