El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez , Álvaro Romillo, como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC). Además, ha procesado a otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. El magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda el procesamiento por delitos masa de estafa y organización criminal , al tiempo que abre una pieza separada por uno de blanqueo de capitales. La resolución señala que Romillo, alias 'Cryptospain', movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo. El grupo estaba integrado por el propio Romillo y por el resto de procesados, que, bajo las instrucciones de su líder desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas , la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos. El objeto de la organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones publicitadas a través del portal digital madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. A través de dicha web se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores. Entre esos productos u «obras», como las llamaban, se encontraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, startups, oro y otros metales preciosos. Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión. Romillo, destaca el auto, ejercía un control directo sobre las operaciones y coordinaba la captación de fondos, la manipulación de la información ofrecida en la plataforma y la distribución de los beneficios ilícitos entre los integrantes de la organización. Como consecuencia de estas actuaciones, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados y sufrieron pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta de Romillo y los demás miembros de la organización criminal que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros . Para conseguir su objetivo, Romillo disponía de diferentes canales de comunicación, como TikTok o Yotube, a través de los cuales realizaba vídeos relacionados con productos financieros, criptomonedas , elusión fiscal o aspectos fiscales nacionales e internacionales. Dentro de su estrategia de 'marketing', también organizaba eventos multitudinarios con presencia de personajes conocidos, como el eurodiputado Alvise Pérez. El juez atribuye a los investigados el delito de masa de estafa por haber montado un negocio de tipo piramidal en el que el dinero recaudado a través de la plataforma no se destinaba a la compra del bien al que supuestamente debía ir dirigido, «sino que inmediatamente canalizaba todo el capital recibido a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo, es decir, el modelo de negocio ofrecido se basaba en un fraude». «El comportamiento de Álvaro R. [Romillo] fue engañoso y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los compradores fue desde el inicio meramente captatoria », apunta el auto. El otro delito que el juez atribuye a los investigados, el de organización criminal , se constata en la existencia de un entramado constituido en torno a la figura de Romillo, que lidera la organización y de la que el resto forman parte mediante la ejecución de distintas tareas operativas. Estas labores eran necesarias para el funcionamiento de la escenificación puesta en marcha con el fin de acaparar ingentes cantidades de dinero bajo la promesa de obtener una gran rentabilidad. En su auto, Calama impone a los diez procesados el pago de una fianza solidaria de 247.349.230 euros con el fin de hacer frente a las posibles responsabilidades económicas a las que tendrían que hacer frente en caso de ser condenados. Dicha cantidad resulta de sumar un tercio a la cantidad supuestamente defraudada, tal y como establece la ley. De forma paralela, el juzgado abre una pieza separada para investigar el desvío de las cantidades defraudadas y su posterior blanqueo. Esa parte del procedimiento se encuentra en un estado incipiente, dadas su mayor complejidad y la necesidad de recurrir a la emisión de comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación. La resolución da cuenta del entramado societario diseñado y dirigido por Romillo, con 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones , todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones. En su auto de procesamiento, el magistrado acuerda mantener en prisión provisional a Romillo por los riesgos de fuga y de reiteración delictiva.