Las adicciones no son el último problema que lleva aparejado el estar 'enganchado' a ciertas sustancias, sino que esa dependencia también está detrás en buena parte de los casos de los casos de violencia doméstica, especialmente de los de hijos a padres. Así lo alertaba este lunes el Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, al presentar la memoria del Ministerio Público en Castilla y León correspondiente a 2024. Un año en el que, apuntaba Mena, no sólo se detectó ese impacto en los procedimientos de esas adicciones más tradicionales, sino que también existe a las herramientas digitales y que «tienen un repercusión» en los casos de violencia doméstica. Además, «con claras consecuencias perjudiciales para los menores», como el bajo rendimiento escolar, trastornos del sueño o especial agresividad. En general, recalcaba que en «muchos» delitos cada vez hay «más intervención» del entorno virtual. Como ocurre, ejemplificaba también, en los casos de violencia machista, a través de amenazas o coacciones a través de mensajes o en las redes sociales , vías por las que también se propagan los delitos de odio, que se van moviendo «de un lado a otro» en el «caldo de cultivo en el que nos estamos moviendo». «Comprobamos que la violencia sobre la mujer es creciente», apuntaba Mena, quien recordaba que se dictaron 117 medidas de prisión; 1.544 órdenes de protección y alejamiento y la implantación de 182 pulseras de geolocalización , en las que la Memoria señala que «la mayoría de las incidencias» en los informes del Centro Cometa «son por entradas en zona de exclusión móvil». Y, añade, «las mayores deficiencias» se refieren a los «reiterados problemas de cobertura que dan lugar a numerosas alarmas en especial en algunas zonas rurales». Unos «fallos técnicos» que, según la fiscal delegada de Salamanca, « provocan sentencias absolutorias ante los escritos de acusación del Ministerio Fiscal por separación del brazalete o llamadas perdidas, ello a pesar de ser conductas reiteradas del acusado». El Fiscal Superior también alertaba de la «grave» situación que suponen las agresiones a sanitarios , entre los que, dijo, «hay sensación de miedo». E hizo un llamamiento al conjunto de la ciudadanía: «No podemos permitir que los sanitarios sean agredidos en sus puestos de trabajo». Además de apelar a que afloren los casos, pues los más de mil contabilizados en el observatorio «no dejan de ser la punta del iceberg». «Sigue habiendo reticencias a denuncia por miedo a represalias», lamentaba. Mena volvía a alertar de que la plantilla orgánica de la carrera fiscal en Castilla y León –compuesta por 134 fiscales, a los que en breve se sumarán dos plazas más– «no deja de ser escasa». Fueron los encargados de incoar casi un cinco por ciento más de procedimientos y cerca de 104.000 diligencias previas, con un alza del cuatro por ciento. Siendo, detalló, los delitos y faltas, los que coparon el «mayor volumen» de los que llegaron a juicio (16.000). Además asumía el «mal endémico» de la justicia con los dilatados tiempos desde que un caso entra por la puerta hasta que se dicta sentencia, apelaba al «legislador» para que tome medias en este sentido. Además, el Fiscal Superior apostaba por aprobar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que los fiscales realicen la investigación penal y que así se ajuste a los tiempos y a los estándares del entorno. Extremo que causó algunas fricciones por algunos partidos políticos, como el PP, que consideraba que «no es el momento» de aprobar cambios, pues que «se ve» cómo actúa la Fiscalía, afirmaba el popular Pablo Trillo, en el «caso del hermano y mujer del presidente del Gobierno» o el proceder de la Fiscalía ante el caso del ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. «Igual no es el mejor momento de España para solicitar que les investigaciones las lleve la Fiscalía», consideraba también Francisco Igea, del Grupo Mixto. «No estoy con usted con que no sea el momento», replicó Mena, quien asumía que lo mismo que «la Justicia está politizada y la política está un poco judicializada ».