Empresarios de distintos sectores productivos de Sonora denunciaron presuntas prácticas sistemáticas de extorsión, chantaje y simulación sindical en la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).Dichas extorsiones estarían siendo ejecutadas bajo un modus operandi ya documentado en otras entidades del país, sobre el uso fraudulento del nuevo modelo laboral.A través de un comunicado, diversos empresarios señalaron que dicha práctica les afecta de manera directa la operación de empresas formales, la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y el clima de inversión en la entidad.Dirigentes acusadasLas denuncias señalan a liderazgos sindicales vinculados a la CATEM en la entidad, particularmente a Carolina Lara Moreno, Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma, por promover solicitudes de constancias de representatividad con firmas presuntamente falsificadas, sin conocimiento ni consentimiento de los trabajadores.Carolina Lara Moreno es la actual secretaria general de CATEM Sonora, y cuenta con trayectoria política previa como diputada local por el PAN y dirigente del partido Fuerza por México, es artíficejunto con sus colaboradoras de este esquema.Lara Moreno explicó que dichas constancias son utilizadas para exigir la firma de contratos colectivos y emplazar a huelga, generando presión económica directa sobre las empresas.Las dirigentes señalaron que su nombre aparece ligado a denuncias públicas por amenazas y acusaciones de extorsión.Al consultar a los trabajadores, las empresas han confirmado que no reconocen a estas lideresas ni han otorgado respaldo sindical alguno.Sumado a esto, Marisela Parra Martínez se presenta como la verdadera experta en el manejo de un sindicato, al ser quien da la cara frente a los empresarios a quienes extorsionan.CATEM se compromete a erradicar estas prácticasLas dirigentes afirman que estas prácticas están presentes desde el 1 de mayo de 2019, y han sido diseñadas para fortalecer la democracia sindical, no para crear mecanismos de presión económica.Los denunciantes precisan que este patrón no es aislado y recuerdan antecedentes similares en Coahuila y Durango, donde, según su dicho, el mismo método escaló de presiones graduales a conflictos de mayor magnitud.“Sonora no es la excepción. Es el mismo libreto: emplazamientos masivos, amenazas veladas y cobros ilegales”, sostienen.Por último, los denunciantes revelaron que los casos ya fueron presentados ante autoridades federales y son analizados por despachos jurídicos especializados.“Defender la reforma laboral implica impedir que se convierta en un instrumento de extorsión. Proteger la legalidad es proteger el empleo, la inversión y el Estado de derecho”, concluyeron.AG