La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha ganado especial protagonismo en los últimos meses por su papel activo, o inactivo, en las diferentes tramas corruptas que investigan los tribunales españoles. Las formaciones políticas han elevado los informes de este cuerpo a la categoría de dogma, según interés, pero los agentes se han granjeado muchas críticas por las diferentes velocidades aplicadas en función del caso, rápida con el caso Koldo o la trama hidrocarburos y lenta con Montoro y el novio de Ayuso, y por los errores de bulto cometidos. Más allá de los delirios plasmados en el informe contra el otrora fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que terminó siendo condenado sin pruebas fehacientes y con las meras suposición del Tribunal Supremo; también fue muy sonado el error en el cambio de divisas, pues la cuantía aparecía en pesos colombianos, que afectaba a un propiedad de José Luis Ábalos en Colombia, que paso de costar millones de dólares a apenas 750 euros. A estos se suma ahora la atribución de una llamada a un alto cargo ministerial al que se le cambia el segundo apellido. El informe de la UCO del 3 de diciembre, revelado a finales de la pasada semana, recoge una llamada telefónica entre el conseguidor Víctor de Aldama y el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, en el marco de la trama de hidrocarburos y la validación de Villafuel SL como operadora. La cuestión es que, según la agenda del móvil de propio Aldama, la conversación se produjo con Manuel García Maroto, no con Manuel García Hernández; sin embargo, en una pirueta, la UCO desliza que las diferencias de apellidos podrían ser un error. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende el director, no salen de su asombro ante la inferencia de la UCO. "Manuel García Hernández nunca ha hablado ni mantenido contacto alguno con Víctor de Aldama. De acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación, el informe de la UCO conocido hoy indica que Aldama remitió varios mensajes en marzo de 2021 a otra persona que comparte nombre y primer apellido con el alto cargo del MITECO, pero no segundo apellido, Manuel García Maroto", trasladan fuentes ministeriales a ElPlural.com. El proceso de Villafuel, más largo y exigente que la media Además, desde Ministerio capitaneado por Sara Aagesen niegan la mayor y aseguran que no hubo trato de favor a Villafuel, compañía de la que Aldama funcionaba como representante mercantil y que la Guardia Civil apunta que consiguió su licencia como operadora de hidrocarburos gracias a la influencia en Transición Ecológica de Ábalos, cuya "voluntad" fue comprada con "aproximadamente un millón de euros". Aldama "intermedió con el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández", acusa directamente la unidad especializada, pese a que los apellidos no coinciden. "El MITECO siempre ha trabajado con la máxima diligencia en la comprobación de los requisitos que deben cumplir las empresas. Nunca ha otorgado trato de favor...