Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a una empresaria de 54 años como presunta autora de los delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y fraude de subvenciones. La arrestada habría cobrado prestaciones por ayudas que solicitó a nombre de una empleada, utilizando su firma digital sin consentimiento para realizar los trámites telemáticos. La investigación ha revelado que la detenida se aprovechó de la juventud e inexperiencia de la víctima, que con diecinueve años se encontraba en su primer empleo. La joven creía haber sido contratada como aprendiz, pero durante los tres años y medio que trabajó en el establecimiento, desde febrero de 2019 hasta septiembre de 2022, nunca recibió copia del contrato, nóminas ni recibos de pago, ya que su jefa le abonaba el sueldo en efectivo la mayoría de las veces. El engaño ha salido a la luz en agosto de 2024, cuando la perjudicada recibió una carta de UMIVALE (SUMA) en la que le informaban sobre la concesión de una ayuda por cese de actividad. Extrañada por no haber solicitado ninguna prestación, la víctima comenzó a investigar su situación laboral ante la administración. Tras las primeras gestiones, la joven ha descubierto que esa era la cuarta ayuda que se solicitaba en su nombre y que los trámites se habían realizado de forma telemática con su firma digital. Los datos de las solicitudes correspondían a una asesoría de Benidorm que había intermediado en la firma de su contrato, momento en el que la empresaria le pidió su firma digital y su número de la seguridad social. La investigación, a cargo de la Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, ha confirmado que se solicitaron hasta seis ayudas de distintos tipos entre 2020 y 2021 a nombre de la denunciante. El montante total de las prestaciones fraudulentas asciende a 12.721,80 euros, que fueron ingresados en una cuenta bancaria perteneciente a la empresa de la detenida. Entre las ayudas cobradas destaca una de 300 euros de la Generalitat Valenciana, destinada a autónomos afectados por una reducción de ingresos como consecuencia de las medidas por la COVID-19. La empresaria solicitó esta prestación para aquellos que, como en el caso ficticio de su empleada, se habían visto obligados a suspender su actividad. La clave del fraude residía en la figura del falso autónomo. La investigación ha destapado que la víctima estuvo dada de alta como autónoma sin su consentimiento ni conocimiento durante todo el periodo laboral. La gerente pagaba las cuotas para ahorrar costes en las cotizaciones a la Seguridad Social y eludir otras obligaciones como empleadora. Con los indicios probatorios suficientes, los agentes se han personado en el establecimiento, que se encontraba abierto al público, y han procedido a la detención de la regente. Simultáneamente, se ha solicitado a la entidad bancaria el bloqueo de la cantidad económica obtenida fraudulentamente. Todas las actuaciones han sido puestas a disposición de los juzgados de instrucción de Benidorm.