Más de 100.000 empleados del sector público de Castilla-La Mancha recibirán en la nómina del mes de enero de 2026 el incremento retributivo del 2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, correspondiente al año 2025. Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno. El consejero ha indicado que el Consejo de Gobierno ha acordado agotar el margen máximo que autoriza la legislación básica del Estado, fijando una subida del 2,5 por ciento para 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Para 2026, se contempla un incremento adicional del 1,5 por ciento , que podría ampliarse en un 0,5 por ciento más si la inflación de ese ejercicio es igual o superior al 1,5 por ciento. En este último caso, el abono de ese 0,5 por ciento se realizaría en el ejercicio 2027. «Nuestro objetivo es no incurrir en déficit», ha indicado, confiando en que la evolución de los ingresos a lo largo del ejercicio permita compensar el gasto adicional no previsto, en un contexto en el que el gasto de personal representa más del 40 por ciento del gasto total de la Administración regional. En cualquier caso, ha añadido, que este es el problema de estar sujetos a la inestabilidad que se vive a nivel nacional y que impide que podamos hacer los presupuestos de las comunidades autónomas con todos la información«. En este sentido, ha explicado que el Gobierno regional había previsto para 2025 un incremento del 2 por ciento, además del 0,5 por ciento pendiente de 2024, incremento que finalmente deberá asumirse con cargo al presupuesto de 2026. Asimismo, para 2026 ya se había previsto un incremento del 1,5 por ciento en el reparto de recursos entre consejerías, previsión que ha resultado acertada. Respecto al calendario de pago, el Gobierno regional ha acordado con los sindicatos que los atrasos correspondientes a 2025 se abonen de una sola vez, en la nómina del mes de enero, incluyendo todos los atrasos generados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025. Esta decisión responde a razones técnicas y administrativas, ya que la nómina ordinaria se cierra el día 5 de cada mes, el Real Decreto-ley se publicó el día 3 y, además, fue necesario celebrar previamente la reunión de negociación con las organizaciones sindicales. A ello se suma que, como es habitual, en el mes de diciembre se adelanta el pago de las nóminas ordinaria y extraordinaria con motivo de las fiestas navideñas, lo que hacía inviable su aplicación en ese mes. Con estos acuerdos, el Ejecutivo autonómico confirma que vuelve a agotar, como en ejercicios anteriores, el incremento máximo autorizado por la legislación estatal y cumple su compromiso de aplicar las subidas retributivas con la mayor celeridad posible, aunque en esta ocasión no haya sido técnicamente posible hacerlo en el mes de diciembre. El impacto económico de la subida del 2,5 por ciento prevista para 2025 asciende a 120 millones de euros , mientras que el incremento del 1,5 por ciento acordado para 2026 tendrá una repercusión presupuestaria de 72 millones de euros. Estos acuerdos beneficiarán a más de 100.000 empleados del sector público regional, incluyendo al personal de la Administración regional, empresas públicas y fundaciones, a los empleados y empleadas de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad de Alcalá de Henares en sus relaciones con la Junta de Comunidades, así como al profesorado de los centros educativos concertados. En total, más de 100.000 familias se verán favorecidas por estos incrementos retributivos. El consejero de Hacienda ha subrayado que mejorar las condiciones laborales y salariales del personal empleado público, siempre desde el diálogo social, es una prioridad para el Gobierno regional, ya que resulta fundamental para garantizar la calidad de los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Esta apuesta se refleja en la evolución del gasto de personal desde 2015, que se ha incrementado en más de 1.500 millones de euros, lo que supone un aumento superior al 55 por ciento, sin tener en cuenta aún el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026. Este esfuerzo ha permitido aumentar las plantillas, aprobar ofertas públicas de empleo —como la correspondiente a 2025 y las previstas para 2026—, mejorar las condiciones de trabajo en distintos sectores y reforzar las retribuciones. Desde 2015, las retribuciones del personal empleado público se han incrementado en más de un 27 por ciento , un aumento superior al registrado en el conjunto del sector público nacional, al haberse sumado a los incrementos máximos autorizados por la normativa estatal la recuperación de la denominada tasa Cofeda, que supuso en su día una reducción del 3 por ciento en los salarios. Por último, el consejero ha reconocido las dificultades que genera la inestabilidad normativa a nivel nacional, que obliga a las comunidades autónomas a trabajar con «información incompleta». En este sentido, ha explicado que el Gobierno regional había previsto para 2025 un incremento del 2 por ciento, además del 0,5 por ciento pendiente de 2024, incremento que finalmente deberá asumirse con cargo al presupuesto de 2026. Asimismo, para 2026 ya se había previsto un incremento del 1,5 por ciento en el reparto de recursos entre consejerías, previsión que ha resultado acertada. A pesar de este escenario, el consejero ha afirmado que mantiene como objetivo «no incurrir en déficit y confía en que la evolución de los ingresos a lo largo del ejercicio permita compensar el gasto adicional no previsto», en un contexto en el que el gasto de personal representa más del 40 por ciento del gasto total de la Administración regional.