A pocos días del 21-D, la sanidad pública en Extremadura emerge como un asunto central de la campaña. Desde los profesionales que sostienen los servicios hasta los datos oficiales, el diagnóstico es doble: hay iniciativas de inversión recientes, pero persisten problemas estructurales, listas de espera, cargas de trabajo y condiciones laborales, que, según quienes atienden, no se abordan con la urgencia necesaria. Los datos públicos confirman una realidad preocupante, aunque con matices. Según los registros oficiales del SES y los informes nacionales de listas de espera, Extremadura ha mostrado en los últimos semestres tiempos medios de espera por consultas y cirugía superiores a la media nacional en varios momentos: por ejemplo, la comunidad aparecía entre las que lideraban la espera quirúrgica en el segundo semestre de 2024. Las estadísticas del Sistema de Información de Listas de Espera del SNS recopilan estos indicadores por comunidades. No obstante, la Junta habla de reducciones recientes: la administración regional publicaba los datos con una bajada del tiempo medio de espera de 164 días (junio 2024) a 134 días (2025), una mejora que las autoridades defienden como fruto de medidas de gestión. Pero, en especialidades clave, traumatología, cirugía maxilofacial, urología, los tiempos medios continúan siendo elevados, según los registros públicos del SES. Francisco Fernández-Gordillo, del Comité de Empresa de Badajoz del transporte sanitario (CC.OO.), resume la sensación de abandono: “No hemos tenido visibilidad en campaña electoral… somos un sector low-cost para las administraciones. Nunca nos han tenido en cuenta para diseñar política sanitaria ni para nuestro propio convenio”. Fernández-Gordillo describe jornadas extenuantes, turnos y programas que llegan a 48 horas, largas rutas que recargan las ambulancias de urgencia con servicios que no lo son, salarios bajos (en torno a 1.100 euros en algunos casos) y retrasos en nóminas. En términos presupuestarios, la Consejería de Salud ha visto incrementos en los últimos ejercicios: el presupuesto de Salud y Servicios Sociales para 2024 superó los 2.900 millones de euros, y la Junta anunció una dotación aún mayor para 2025, con un aumento cercano a 125 millones respecto al ejercicio anterior, hasta aproximadamente 3.078,8 millones, según comunicaciones oficiales, de ellos unos 2.300 millones están destinadas exclusivamente al SES. Es decir, hay más recursos sobre papel, pero la cuestión que plantean los profesionales es cómo se traducen esos incrementos en mejoras concretas en personal, flota, condiciones laborales y reducción efectiva de las listas de espera. Informes autonómicos y análisis independientes muestran que, pese al aumento presupuestario, el esfuerzo por habitante y la apuesta por la atención primaria y por medidas estructurales varían año a año; la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y otros observatorios publican comparativas que sitúan a las comunidades en contextos muy distintos en inversión por habitante. Esto añade debate sobre si la mayor partida está yendo a ámbitos de impacto real en la calidad asistencial o queda absorbida por costes estructurales. La valoración de Pedro Higaldo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, ofrece una perspectiva más amplia sobre la sanidad y plantea un diagnóstico profundo: Higaldo ha denunciado que el conflicto médico actual, con huelgas y protestas recientes, pone de manifiesto tensiones que están sin resolver: “No se ha llegado a un acuerdo real con los sindicatos médicos. El estatuto marco propuesto por el Ministerio no responde a las necesidades actuales de una población envejecida y cronificada en España”. “Necesitamos atención primaria fuerte, medicina preventiva real, integración de políticas de salud pública y una planificación de recursos humanos que no llegue 13 años tarde. Tenemos que fidelizar a nuestros residentes y garantizar que las jubilaciones se reponen para no perder capacidad asistencial”. Matronas y enfermeras del SEPAD, junto al transporte sanitario, reclaman planes concretos: contratación estable, mejora de turnos, renovación de flota y un convenio sectorial que recoja subidas salariales y seguridad laboral. La sensación es que la sanidad aparece en los discursos de campaña, pero no con medidas operativas y calendarios verificables que den confianza a quienes están a pie de servicio. A medida que se acercan las elecciones, la sanidad emerge con dos caras: la de un sistema que resiste gracias al compromiso de sus profesionales, y la de un debate político que, según muchos de ellos, sigue sin abordar los problemas de fondo. La combinación de largas listas de espera, inversiones insuficientes y falta de diálogo con los profesionales crea un desafío que, dicen, debe estar en el centro de las prioridades políticas más allá del ciclo electoral.