La historia de José Barceló, un propietario de Es Castell (Menorca), se ha convertido en el reflejo de la indefensión que denuncian muchos caseros. Después de un calvario de dos años y tres meses de impagos y una ardua batalla legal, ha conseguido recuperar las llaves de su piso, pero lo que ha encontrado dentro supera sus peores pesadillas: la vivienda está completamente destrozada y acumula un perjuicio económico que, entre la deuda y los daños, asciende a casi 20.000 euros. Su caso evidencia las grietas de un sistema que, según denuncia, desprotege a los propietarios frente a los "parásitos vulnerables", como él mismo los define. Todo comenzó cuando Barceló alquiló su propiedad a través de una inmobiliaria a una familia que, a primera vista, parecía normal y simpática. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. Tras pagar la primera mensualidad, los inquilinos dejaron de abonar el alquiler. “No duro ni un mes y ya no pagaron el primer mes”, lamenta el propietario. A pesar de la situación, decidió esperar, ya que la ley dificultaba el desahucio por un solo impago. Los meses se sucedieron y la deuda creció de manera exponencial, pero la familia permaneció en la vivienda.", La situación se volvió insostenible cuando la deuda alcanzó los seis meses de impago, momento en el que José Barceló decidió interponer la correspondiente denuncia. Fue el comienzo de un lento proceso judicial que se ha prolongado durante dos años. Finalmente, la justicia le dio la razón, pero el coste ha sido enorme. La deuda de alquiler acumulada durante los dos años y tres meses que los inquilinos permanecieron en la vivienda sin pagar asciende a 16.400 euros. Barceló califica la situación como “un cachondeo”, sintiéndose totalmente desamparado por la ley. Los problemas no se limitaron al ámbito económico. Los inquilinos también generaron graves conflictos con los vecinos. Según relata Barceló, el perro de la familia ladraba sin cesar a todas horas, lo que provocó constantes molestias en la comunidad. La situación escaló hasta el punto de que la policía tuvo que intervenir en varias ocasiones. Además, se llegó a presentar una denuncia ante la protectora de animales por un presunto caso de maltrato animal, aunque el propietario lamenta la falta de efectividad y la burocracia entre administraciones. “Se van pasando la pelota unos a otros”, afirma. El capítulo más desolador de esta historia llegó el día en que José Barceló pudo por fin entrar en su casa. La encontró, en sus propias palabras, “inservible y destrozadísima”. Los inquilinos habían dejado tras de sí un rastro de destrucción y una cantidad ingente de basura y chatarra. El coste de los destrozos, sumado a la deuda del alquiler, eleva el perjuicio total a casi 20.000 euros. “Vaya regalo de Navidad”, ironiza con amargura el propietario afectado. La frustración de Barceló se dirige también hacia la administración local. Denuncia la total inacción del Ayuntamiento de Es Castell, y en particular de la concejalía de Asuntos Sociales, a la que solicitó ayuda para, al menos, retirar toda la basura acumulada en la vivienda. La respuesta fue el silencio. “He estado varios días llamando por teléfono y ni siquiera me ha descolgado el teléfono”, asegura. Tras esta experiencia, se muestra muy pesimista y no sabe si volverá a poner la vivienda en alquiler. “No te puedes fiar”, concluye, mientras define a sus antiguos inquilinos como “parásitos vulnerables, que no se me olviden los vulnerables”.