El 16 de diciembre, unidades de Contrainteligencia Militar del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a siete militares en servicio activo —cuatro oficiales y tres suboficiales— en el marco de una investigación por el delito de peculado por apropiación, tras más de siete meses de indagaciones . El procedimiento se realizó en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía y se desarrolló de manera simultánea en Popayán (Cauca), Ocaña (Norte de Santander), Pasto (Nariño), Tolemaida (Cundinamarca) y en el Fuerte Militar de Larandia (Caquetá) . Las autoridades indicaron que los capturados fueron dejados a disposición de los despachos competentes para avanzar en su judicialización. Lea también: EE. UU. designó como grupo terrorista al Clan del Golfo, cartel con el que gobierno Petro continúa conversaciones de paz De acuerdo al Ejército Nacional, las investigaciones permitieron establecer que los militares capturados estarían vinculados a conductas asociadas a manejos administrativos indebidos y a presuntos hechos de corrupción . Las diligencias se extendieron por más de siete meses y contaron con la articulación entre la Fuerza Pública y el ente acusador. Las capturas se produjeron en diferentes puntos del país, lo que evidencia el alcance territorial del proceso y la coordinación interinstitucional para dar cumplimiento a las órdenes judiciales. Las autoridades reiteraron que el caso sigue en etapa de judicialización y que serán los jueces quienes determinen las responsabilidades correspondientes. El Ejército Nacional informó que, de manera paralela a las actuaciones penales, inició los procesos disciplinarios y administrativos internos con el fin de garantizar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos . La institución señaló que brinda apoyo a las autoridades judiciales en el desarrollo de las investigaciones en curso. Finalmente, el Comando del Ejército ratificó su postura de cero tolerancia frente a actos de corrupción cometidos por personal militar o civil al servicio de la Fuerza y reiteró que cualquier conducta contraria al marco jurídico será puesta en conocimiento de las autoridades. Hay que recordar que la Fiscalía General de la Nación confirmó que el mismo 16 de diciembre se realizaron allanamientos y se ejecutaron órdenes de captura contra otros siete militares presuntamente involucrados en actos de corrupción relacionados con la contratación de los helicópteros MI-17 del Ejército. El ente de control precisó que ya van dos órdenes de captura efectuadas hoy en el Fuerte Militar de Tolemaida, junto con la mencionada anteriormente. Estos presuntos actos de corrupción se conectan con el conflicto legal entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa estadounidense Vertol Systems por incumplimientos en la reparación y el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 de la Aviación del Ejército. El contrato tiene un valor de $32,4 millones de dólares y fue signado a esa empresa estadounidense con el objeto de brindar la reparación y mantenimiento de los helicópteros rusos. De acuerdo con fuentes militares consultadas por este diario a inicios de noviembre, el escenario se agudizó luego de que la cartera de Defensa expidiera una resolución en la que impuso una multa por 9 millones de dólares y solicitó la devolución de otros 16 millones de dólares entregados como anticipo para la ejecución del contrato, suscrito a comienzos de 2025. Hasta el momento, entre las capturas se encuentra el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército en el Fuerte Militar de Tolemaida y al menos un civil que tendría relación con el caso. Le puede interesar: Ya van siete capturas en el Ejército y operativos de allanamiento por contratación de los helicópteros MI - 17