Si hace algunos días era el Partido Socialista de Madrid (PSOE-M) el que denunciaba al Gobierno de Ayuso ante la Fiscalía por el escándalo del hospital de Torrejón, ahora es Más Madrid quien lo hace. La formación liderada por Manuela Bergerot en la Asamblea madrileña presenta una querella por la presunta comisión de seis delitos en la gestión del centro hospitalario y señala a la administración liderada por la popular por "permitir los abusos de Ribera Salud", a quien también ha colocado en el centro de la diana. A principios de diciembre salían a la luz unos audios en los que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenaba rechazar pacientes para así conseguir un mayor beneficio económico. Ahora, Más Madrid pone el caso en manos de la Justicia, ubicando en el centro de la ecuación al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el rescate de 33 millones de euros que la Comunidad de Madrid aprobó en julio, tal y como cuenta El País. Cabe recordar que la administración justificó este rescate en "gastos no contemplados en inicio, como el gran incremento del gasto farmacéutico de medicamentos innovadores y de alto impacto que no estaban previstos al inicio, junto a otros de medicina nuclear o dispositivos de glucosa [para pacientes diabéticos]". "Denunciamos a la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía por permitir los abusos de Ribera Salud y Quirón", dice Manuela Bergerot, la portavoz del partido en la Asamblea, quien también señala que el Ejecutivo regional no debe apropiarse de los problemas de una empresa privada que opera en régimen de "riesgo y ventura". Al mismo tiempo que señala al Gobierno de Ayuso -pide a la Fiscalía que se le reclame todas las inspecciones y decisiones adoptadas con respecto a la concesión desde 2022-, también pone en la diana a los responsables del centro hospitalario, solicitando que se tome declaración tanto a las altas esferas de Grupo Ribera Salud como de Torrejón Salud, S.A., "en particular, D. Pablo Gallart". También pide que se haga lo mismo con cuatro directivos que denunciaron en el canal ético las medidas propuestas. La formación cree que "existen claros indicios de que podríamos encontrarnos ante distintos ilícitos penales", en concreto, seis: "Los términos de contratación de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón y las instrucciones conocidas de ahorrar costes y aumentar las listas de espera para proteger los beneficios revelan indicios de varios delitos, incluyendo el de discriminación en el acceso a un servicio público, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión de perseguir delitos". Asimismo, Bergerot apunta a que "desde que Esperanza Aguirre introdujo la gestión privada en la sanidad pública madrileña, los gobiernos del Partido Popular se han dedicado sistemáticamente a proteger los beneficios de los grupos sanitarios privados a costa de empeorar la atención sanitaria en hospitales y centros de salud". Con respecto a la posibilidad de que se haya cometido un "delito con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución"...