Los vecinos del número 1 de la plaza Santa Clara en Huesca pueden, finalmente, regresar a sus viviendas a partir de este miércoles. El Ayuntamiento de Huesca ha confirmado la revocación de la orden de desalojo del edificio después de haber constatado que el inmueble reúne las condiciones de seguridad estructural necesarias para volver a ser ocupado. La decisión, formalizada en un decreto municipal, pone fin a la incertidumbre de las familias afectadas. Se fundamenta en una serie de informes técnicos rigurosos que han analizado en detalle el estado de la estructura del edificio, concluyendo que no existe riesgo para sus habitantes. El principal documento que avala esta decisión es el informe técnico denominado 'Diagnosis estructura de edificio', redactado por el arquitecto Rafael Zalba Jiménez y visado el 15 de diciembre de 2025. Dicho estudio, encargado por la propia comunidad de propietarios, detalla los resultados de nuevos ensayos y pruebas de laboratorio realizados en los cuatro bloques del complejo tras el desalojo preventivo. A la vista de los análisis, el informe determina que, en el caso concreto del edificio número 1, los resultados de laboratorio han sido muy positivos. La conclusión es clara al afirmar que el bloque "considera que posee las resistencias estructurales y de seguridad necesarias para proceder a su ocupación". Esta valoración se ve reforzada por el ensayo de un pilar medianero con el portal número 2, que también arrojó "muy buen resultado". Además del informe del arquitecto, el consistorio ha contado con los análisis de la empresa especializada IGEO. Esta compañía ha emitido informes centrados en el estudio de Hormigón Fraguado y en la posible presencia de aluminosis, un factor que suele generar gran preocupación en estructuras de cierta antigüedad. Las conclusiones de IGEO son coincidentes y ratifican la seguridad del bloque. Su estudio sobre el hormigón fraguado concluye que, en base a los resultados obtenidos, el edificio de la plaza Santa Clara número 1 posee las garantías suficientes para ser habitado, despejando así cualquier duda sobre su integridad. Con el respaldo de estas pruebas técnicas, el decreto del Ayuntamiento no solo autoriza el regreso de los vecinos, sino que también revoca oficialmente la "medida, provisional y preventiva, de desalojo" que pesaba sobre el inmueble. Se pone fin así a una situación que ha afectado profundamente la vida de los residentes. No obstante, el decreto recuerda a los propietarios de este edificio su "deber de realizar las obras de conservación o rehabilitación precisas para mantener su propiedad en las debidas condiciones de seguridad que garanticen su habitabilidad y uso efectivo". La responsabilidad del mantenimiento a largo plazo recae, por tanto, en la comunidad de vecinos. Finalmente, el consistorio ha ordenado a los servicios municipales de Policía Local y Urbanismo que adopten las "medidas de seguimiento y vigilancia que estimen apropiadas para garantizar la seguridad pública". Asimismo, los Servicios Sociales del Ayuntamiento mantendrán las medidas de apoyo a los ocupantes y propietarios que se consideren oportunas durante este proceso de retorno a la normalidad.