La Sala de lo Penal exige al ex fiscal general el pago de 10.000 euros a González Amador y los 7.200 euros de multa, que saldrán de la fianza que ya consignó antes del juicio, y envía su condena a la Fiscalía "a los efectos oportunos" “No era un secreto”: el Supremo rebaja los lamentos de la pareja de Ayuso sobre la publicación de su confesión El Tribunal Supremo ha ejecutado la condena de Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación para ser fiscal general del Estado. Un movimiento de la Sala de lo Penal que incluye la obligación de pagar una multa de 7.200 euros y abonar una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso –que saldrá de la fianza que ya consignó hace meses– y, en la práctica, pasa la pelota al tejado de la nueva fiscal general, Teresa Peramato: ahora la Fiscalía tendrá que decidir si esta condena implica la expulsión de Álvaro García Ortiz de la Fiscalía. El Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de Alberto González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en una nota de prensa. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de la multa y la indemnización , pero dejaba una puerta abierta: si el reglamento interno de la Fiscalía implica que también perderá su condición de fiscal. La sentencia explicó de forma expresa que no se pronunciaba sobre esa posibilidad, aunque destacaba que ceñir su condena a la inhabilitación para ejercer como fiscal general era ajustada a la gravedad de los hechos. El reglamento de la Fiscalía explica que un fiscal condenado por delito doloso perderá esa condición, pero abre la puerta a que no sea expulsado y solo suspendido temporalmente si su condena, como en este caso, es inferior a seis meses de prisión. El auto de ejecución, además de instar a la ejecución de su inhabilitación y el pago de la parte económica de su condena, pone la sentencia en conocimiento formal de la Fiscalía General “a los efectos oportunos”. Ahora será Teresa Peramato , la nueva fiscal general que tomó posesión hace pocos días, la que decida el futuro de Álvaro García Ortiz. El caso está pendiente de que la Abogacía del Estado presente un incidente de nulidad para, una vez sea previsiblemente rechazado, la causa ponga rumbo al Tribunal Constitucional. Los servicios legales del Estado que defienden a García Ortiz trabajan en un recurso de amparo para apoyarse en el voto particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer y denunciar que tanto la instrucción del juez Ángel Hurtado como su condena ha vulnerado sus derechos fundamentales.