Las recientes lluvias en Gran Canaria han puesto de manifiesto las graves deficiencias estructurales que sufren varios Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) en la isla. En el programa 'Herrera en COPE Gran Canaria', las presidentas de las asociaciones de madres y padres de los centros de San José de Las Longueras (Telde) y Reina Sofía (Las Palmas de Gran Canaria) han denunciado la situación de precariedad y abandono que viven los usuarios. Elena Santana, presidenta de la junta directiva del CADI San José de Las Longueras, ha relatado una situación límite. Tras las lluvias, el centro sufrió graves inundaciones, con agua corriendo por las paredes y los enchufes, lo que generó un grave riesgo eléctrico. Santana ha descrito escenas de gran preocupación: "El agua corría por los enchufes, los usuarios descalzos y el agua caía, yo decía, ay, dios mío, que se electrocutan", motivo por el cual llamó a la policía. Según Santana, esta no es una situación nueva, ya que el personal le confirmó que "esto ha pasado siempre". A pesar de haber advertido previamente de los riesgos, las soluciones no llegan y el comedor principal continúa cerrado por la inundación. La presidenta califica la situación de inhabitable, asegurando que "el centro está caótico, eso es inhumano y viven en estas condiciones". Además, ha denunciado haber recibido amenazas por parte de un técnico del IAS para que no siguieran visibilizando los problemas: "Me dijeron el sábado, pues si siguen como están ustedes y van a llegar a este punto, vamos a prohibir la entrada en el centro". La situación de abandono no es exclusiva del centro de Telde. Elena García, presidenta del AMPA del CADI Reina Sofía en Las Palmas de Gran Canaria, ha confirmado que su centro también sufre graves problemas. García ha señalado que se trata de "edificios de 40 años que no llevan mantenimiento", con ascensores obsoletos, camas oxidadas, una fachada con redes por desprendimientos y cristales rotos. Ambas presidentas apuntan a un problema de fondo: la falta de inversión y una gestión deficiente por parte del Cabildo. Denuncian que el contrato de gestión está desactualizado económicamente, lo que repercute en el mantenimiento y los servicios. Un dato alarmante que aporta García es que, de un presupuesto de tres millones de euros para 2023, "solo se haya invertido un 18,17 por 100" y el resto no se sepa "dónde va a ir a parar, cuando hay unas infraestructuras que necesitan ser arregladas". Lejos de pedir el cierre de los centros, las familias exigen que "se hagan las reparaciones pertinentes" para que los usuarios puedan vivir "dignamente". Han destacado la labor de los trabajadores y de la coordinadora del centro de Telde, que ha reorganizado a los usuarios para que puedan comer en un aula habilitada. Sin embargo, insisten en que son soluciones temporales ante un problema estructural grave que requiere la intervención inmediata y responsable de la administración.