El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca y de la Sociedad de Garantía Recíproca (ISBA), Eduardo Soriano, ha analizado los principales desafíos que afronta el tejido empresarial de la isla. Durante una entrevista en Cope Baleares, Soriano ha desgranado la situación crítica del pequeño comercio y el sector primario, además de señalar las limitaciones de ayudas clave para el desarrollo económico, como el Régimen Especial de Baleares (REB). Uno de los principales focos de preocupación es el pequeño comercio, que se enfrenta a una tormenta perfecta. Soriano identifica tres grandes adversarios: el auge de las franquicias, la competencia de las grandes superficies y, de forma creciente, las ventas por Internet. Esta situación, según ha explicado, ha provocado una obsolescencia en muchos establecimientos no solo de Palma, sino también en los pueblos de la isla. Para combatir esta tendencia, se han impulsado iniciativas como el Kit Digital, financiado con fondos europeos, y los bonos comercio en municipios como Palma, Calvià o Inca, gestionados por la Cámara. Sin embargo, Soriano ha sido crítico y ha apuntado a una doble responsabilidad: por un lado, la falta de "voluntad" de algunos comerciantes para mantener el esfuerzo modernizador más allá de la ayuda puntual y, por otro, la actuación de algunas empresas asesoras. "He pedido seriedad, paciencia y contundencia" a la hora de formar, ha afirmado, porque "muchas veces, en lugar de formarlas, las aburren". En el ámbito fiscal, Soriano ha calificado de problemática la puesta en marcha del Régimen Especial de Baleares (REB). La aprobación del reglamento en julio de 2024, justo antes de acabar el plazo para la declaración de sociedades, generó una "incertidumbre" que provocó que "muchas empresas no se han acogido por miedo" a incurrir incluso en un delito fiscal. El mayor obstáculo, no obstante, es la ley de minimis de la Unión Europea, que limita las ayudas directas a un máximo de 300.000 euros en tres años para no falsear la competencia. Este tope, según el presidente de la Cámara, "sesga totalmente el crecimiento a las empresas" y afecta a pymes con resultados superiores a los 400.000 euros anuales. La normativa europea choca directamente con las necesidades derivadas de la insularidad. La principal reivindicación de Soriano es clara: "El transporte debería estar fuera de la ley de Minimis", ya que los sobrecostes de la insularidad no son una cuestión de competencia, sino una necesidad estructural. Ha puesto como ejemplo una empresa con un gasto anual de un millón de euros en transporte, que solo puede recibir una fracción de la ayuda que le correspondería por este tope. La limitación afecta también a la financiación bonificada que gestiona ISBA, mermando la capacidad de inversión en áreas como la digitalización o la sostenibilidad. El diagnóstico sobre el sector primario balear es contundente. "Yo el campo lo veo mal, lo veo en declive", ha sentenciado Soriano. Las cifras respaldan su afirmación: las islas apenas se autoabastecen en un 10% de sus necesidades de consumo, importando el 90% restante. La producción local, ya sea agrícola, ganadera o láctea, no puede competir con los productos de la península debido a los menores costes de producción y transporte de estos últimos. El sector lácteo es uno de los más perjudicados, como evidencia el anuncio de Agama (Damm) de dejar de comprar leche a los ganaderos locales. Soriano, como socio mayoritario que reflotó Quesería Menorquina cuando estaba en concurso de acreedores, ha defendido la viabilidad de la industria local. Ha planteado por qué no se aprovecha toda la producción lechera de Baleares en una empresa que ya tiene la capacidad de transformarla, como la suya, que vende una media de 1.000 toneladas de queso al mes. A pesar de su visión crítica sobre las normativas de la administración central y europea, Soriano ha asegurado mantener una "muy buena" relación tanto con el Govern actual como con el anterior. Ha defendido que el papel de la Cámara de Comercio debe ser de "neutralidad", buscando siempre el "bienestar y el beneficio del sector empresarial" al que representa, con independencia del color político del gobierno de turno.