La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el decreto que Álvaro García Ortiz firmó en diciembre del año pasado como fiscal general del Estado, por el que impuso una sanción de 800 euros a una abogada fiscal por la comisión de una infracción disciplinaria grave, de revelación de datos conocidos en ejercicio de su función, por haber difundido un borrador de sentencia a un medio de comunicación.