El empresario David Canales ha compartido públicamente una situación que pone de manifiesto una práctica laboral fraudulenta cada vez más visible: el despido pactado. Todo comenzó cuando un empleado, a quien Canales describe como un “excelentísimo trabajador”, le pidió que lo despidiera. El motivo era puramente personal: atravesaba una mala racha con su pareja y necesitaba “un tiempo libre, un tiempo de descanso y un cambio de aires”. El trabajador solicitó el despido para poder cobrar dos años de paro, un beneficio al que no tendría derecho si presentaba su renuncia voluntaria. La propuesta del empleado incluía, además, la devolución de la indemnización correspondiente “en B”, con el fin de no perjudicar económicamente a la empresa. Sin embargo, Canales se negó en rotundo. “Le dije que sentía mucho su situación personal, pero que no iba a cometer ningún fraude de ley”, explica el empresario. Le aclaró que, si deseaba marcharse, debía hacerlo asumiendo las consecuencias de una baja voluntaria, pero que él no solo no quería despedirle, sino que mucho menos participaría en un acto ilegal. La negativa del empresario transformó por completo la actitud del trabajador, que pasó a mostrarse nervioso y agresivo. Fue entonces cuando lanzó la advertencia que marcaría los siguientes meses de relación laboral: “o me despides o la vas a flipar”. Tras la amenaza, el empleado abandonó su puesto a mitad de turno y, tres horas después, comunicó a la empresa a través de un mensaje que “no volvía a trabajar, que estaba de baja y que ya tendrían información de él”. La estrategia del empleado quedó clara cuando otros compañeros de trabajo hablaron con Canales. Según les confesó, su plan era forzar una situación tensa con el empresario y la compañía hasta que no quedara más remedio que formalizar su despido, garantizándose así el acceso a la prestación por desempleo. No podía permitirse “quedar sin cobrar nada” y esta fue la vía que eligió para conseguirlo. Ante la gravedad de los hechos, David Canales contactó con el servicio jurídico de su empresa. El consejo de sus abogados fue tajante y crucial para el desarrollo de los acontecimientos. “David, ni se te ocurra llamarle, ni se te ocurra hacer nada, que siga todo su cauce”, le indicaron. El empresario siguió la recomendación al pie de la letra y se mantuvo al margen, a la espera de que la situación se resolviera por la vía legal establecida. Poco después, la empresa recibió la notificación de la baja médica del trabajador, que se alargaría durante más de seis meses. Durante este tiempo, Canales no tuvo ningún contacto directo con él, pero sí le llegó información por otras vías. Supo que el empleado estaba haciendo entrevistas de trabajo y mantenía “una vida normal y corriente”, mientras forzaba una y otra vez la baja psicológica con su médico de cabecera. Los informes legales confirmaron que también pasó por el médico de la mutua con el mismo objetivo. Tras más de medio año en esta situación de incertidumbre, el desenlace llegó de forma inesperada. Fue el propio trabajador quien llamó a David Canales con una petición: “David, quiero pedirte la baja voluntaria”. Finalmente, ambos se reunieron en el despacho, el empleado firmó su renuncia y la tensa relación laboral llegó a su fin. No hubo despido, ni indemnización, ni acceso a la prestación por desempleo que el trabajador pretendía forzar. La experiencia vivida ha llevado a Canales a reflexionar sobre una práctica que podría ser más común de lo que parece. Su caso saca a la luz las artimañas que algunos empleados pueden llegar a utilizar para forzar despidos y cobrar el paro, generando un debate sobre la picaresca, la ética en el entorno laboral y las presiones a las que se ven sometidos los empresarios.