El informe Foessa 2025 de la diócesis de Barcelona, elaborado por Càritas Diocesana de Barcelona, ha recogido que una de cada cuatro personas (el 26,6%) de la diócesis de Barcelona sufre dificultades relacionadas con la vivienda, afectando a 225.000 hogares y más de 730.000 personas. Lo han explicado en una rueda de prensa de este miércoles la jefa del Área Social, Análisis e Incidencia de Càritas Barcelona, Amèlia de Juan; el director de Càritas Barcelona, Eduard Sala, y el arzobispo de Barcelona y presidente de Càritas Barcelona, Joan Josep Omella. El trabajo revela también que el 37,7% de la población de la diócesis vive en situación de "integración precaria"; que la población extranjera tiene tasas de exclusión 2,4 veces superiores que la no extranjera, y que uno de cada cuatro menores de edad vive en exclusión social, entre otros. Sala ha señalado que lo que está fallando "es el sistema", y no las personas, y ha querido lanzar un mensaje de esperanza y contra el miedo al pobre y al diferente. Omella ha asegurado que el informe Foessa permite aproximarse a la realidad en múltiples dimensiones, presentando una visión "tridimensional" y no unidimensinoal, y que deja al aire la pregunta sobre por qué pasa todo esto. El arzobispo se ha referido a la insolidaridad de la sociedad y, en palabras del Papa Francisco, a la "globalización de la indiferencia", y ha reivindicado los mismos cuatro verbos que Bergoglio: acoger, proteger, acompañar e integrar. El informe Foessa se basa en la Encuesta sobre Integración y Necesidad Sociales (Einsfoessa) que, en el caso de la diócesis de Barcelona, se ha realizado durante 2024 a un total de 602 hogares y 1.519 personas. Recoge que menos de la mitad (45,4%) de la población vive en integración plena, mientras el 37,7% lo hace en un modelo de "integración precaria" en el que las personas son más susceptibles de verse afectadas por problemas como la vivienda, la ocupación y la salud; el 10,8% lo hace en exclusión moderada, y el 6%, en exclusión severa. De Juan ha señalado que la población extranjera presenta tasas de exclusión social 2,4 veces superiores, y que los datos son "ambivalentes": por un lado las cifras de exclusión son ligeramente inferiores que las de España y Catalunya, pero por el otro, crece el número de personas que vive en integración precaria. De Juan ha apuntado que, en la diócesis, el precio de la vivienda crece más que los salarios y rentas de la población: "Las situaciones de precariedad claramente se relacionan con capacidad de población para acceder a la vivienda. Tener una vivienda digna y asequible parece que sea cuestión de suerte". El trabajo recoge también que más del 15% de la población se queda en situación de pobreza severa tras ejecutar el gasto en vivienda, y alerta de que el alquiler se ha convertido en una "trampa de pobreza", así como detecta que el 13,5% de la población vive en hogares con amontonamiento grave. En concreto, la población en riesgo de pobreza con una vivienda en propiedad es del 8,2%, mientras en las personas que vivien en régimen de alquiler es del 22,3%. De Juan ha asegurado que la precariedad se ha convertido "en la nueva normalidad" de la diócesis: más de la mitad (57,5%) de las personas en situación de exclusión social viven en hogares liderados por alguien que trabaja. Asimismo, la tasa de paro de los extranjeros está cerca de duplicar la de las personas con nacionalidad española (12,1% y 6,8%, respectivamente) y, por edad, es del 8,5% en el conjunto de la población, pero del 14,5% en los jóvenes, para quienes la meritocracia se está convirtiendo "en una broma de mal gusto", según De Juan. El informe muestra que uno de cada cuatro menores de edad vive en situación de exclusión social, lo que De Juan achaca a una protección social insuficiente, y que dicha situación afecta el 33% de los hogares monoparentales, frente al 7,4% de los hogares sin hijos. Además, las dificultades y carencias relacionadas con la vivienda se multiplican por tres si hay menores (41% frente al 13,7%), y en nueve de cada diez hogares con hacinamiento grave viven menores de edad. De Juan ha señalado que eso afecta directamente la igualdad de oportunidades de los menores: "No podemos permitir que las oportunidades de niños y adolescentes dependan de la suerte que tengan al nacer". Sala ha destacado que cerca de dos tercios (64,9%) de la población de la diócesis cree que la administración debería dedicar más dinero a servicios sociales, y cerca del 60% es partidaria de tener más servicios y prestaciones pagando más impuestos. Asimismo, ocho de cada diez personas están totalmente o bastante de acuerdo con la idea de que las persones que obtiene ayudas sociales "las necesitan para vivir", alejándose de la idea de que la gente que recibe prestaciones se acomoda debido a ello.