La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha resuelto este miércoles por acuerdo de conformidad entre las partes, el juicio del crimen del aparcamiento del hospital de Valme , donde falleció la noche del 29 de septiembre de 2023 un varón víctima de una puñalada, después de ser raptado como consecuencia de un vuelco de drogas. Gracias a este acuerdo de conformidad, los dos principales acusados han aceptado penas de siete años y medio de prisión parcialmente sustituibles con su expulsión de España al tratarse de extranjeros en situación irregular , después de afrontar peticiones de condena de más de 30 años cada uno de ellos. Además, ambos inculpados han aceptado indemnizar con casi 358.000 euros a los padres, dos hijos, hermano y pareja del varón fallecido , si bien previamente ya habían depositado 130.000 euros para satisfacer parte de dicha cuantía. Así ha sucedido la tarde ya de este miércoles en la Audiencia de Sevilla, donde los cinco acusados han reconocido los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía y han aceptado las penas acordadas entre sus defensas y el Ministerio Público, si bien uno de los dos principales encartados ha avisado de que aunque finalmente sea expulsado de España, pues la abogada defensora de ambos ha pedido suspender la medida de expulsión por el arraigo de los mismos en España; volverá al país por los motivos familiares que le unen al mismo. Según el relato de la Fiscalía, aceptado por los acusados, todo se remonta al mes de septiembre de 2023, cuando dos de los encausados, W.F. y R.A., ciudadanos argelino y marroquí respectivamente y ambos con antecedentes penales, pero sólo el segundo a efectos de reincidencia; sufrieron el robo de una importante partida de hachís , pues se dedicaban a este tipo de actividades. Estos dos acusados supieron después que otros dos acusados, J.M.D.V. y F.L.D.F., padre e hijo, ambos también con antecedentes pero sólo el primero a efectos de reincidencia, estaban ofreciendo para su venta cantidades de la citada partida de hachís, supuestamente. La Fiscalía señala en su escrito que en efecto, estos dos últimos acusados se habrían reunido antes del 29 de septiembre con D.G.B., intermediario en operaciones de compraventa de droga, recibiendo del mismo a cambio de dinero 12 paquetes de hachís de seis kilos cada uno, que d epositaron en su domicilio a la espera de encontrar compradores para estos estupefacientes. W.F. y R.A., según la Fiscalía, urdieron un plan para recuperar la droga que les había sido sustraída, concertándose para ello con varias personas más de las cuales sólo ha sido identificado el quinto acusado, J.A.P.B., dueño de la Hacienda del Cuzco de Los Palacios y Villafranca, que puso el recinto supuestamente a disposición de los mismos para cometer estos hechos. A partir de ahí, según la Fiscalía, W.F. y R.A. contactaron con J.M.D.V. y F.L.D.F., padre e hijo, haciéndose pasar por posibles compradores del hachís que estos habían adquirido a D.G.B., y a través de otras dos personas ajenas a este procedimiento judicial concertaron una cita la tarde del 29 de septiembre de 2023 en Sevilla Este, donde irrumpieron W.F. y R.A. «de forma violenta, portando armas con las que amedrentaron» a los intervinientes en el encuentro, reclamando «la entrega de la totalidad de la droga ofrecida en venta, manifestando que era suya y se la habían robado» , tras lo cual las víctimas del asalto habrían sido conducidas, retenidas y amenazadas en la finca El Cuzco. Tras diferentes gestiones, W.F. y R.A. habrían conseguido que F.L.D.F. telefonease a D.G.B. para concertar con él u n encuentro en los aparcamientos del hospital de Valme . Allí, según la Fiscalía, W.F. y R.A. habrían tendido una trampa a esta persona, capturándole e introduciéndole por la fuerza en un coche «para trasladarle a la Hacienda del Cuzco a fin de obligarle a revelar el paradero del resto de la sustancia estupefaciente». Pero en el trayecto, W.F. habría le asestado una puñalada en la mejilla y otra en la pierna, con una profunda herida inciso punzante que le seccionó la arteria tibial anterior, la arteria peronea y sus venas , siempre supuestamente y según la Fiscalía. Ya en la Hacienda del Cuzco, los acusados habrían constatado «el grave estado» de salud en el que había quedado D.G.B. a cuenta de estas lesiones , ante lo cual «decidieron llevarle de vuelta al hospital de Valme y dejar su cuerpo abandonado en la puerta de acceso sobre las 21.15 horas, donde falleció por una hemorragia aguda sobre las 21.30 horas». La Fiscalía aprecia así un delito de lesiones agravadas en concurso con un delito de homicidio , cuatro delitos de detención ilegal, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de coacciones y otro más contra la salud pública. Merced al reparto de cada uno de estos delitos entre los cinco acusados, el Ministerio Público reclamaba inicialmente para W.F. un total de 30 años y ocho meses de cárcel, para R.A. 31 años y dos meses de prisión , para J.A.P.B. 23 años y ocho meses de cárcel, para J.M.D.V. cuatro años de cárcel y para F.L.D.F. otros cuatro años de privación de libertad. No obstante, en los dos primeros casos, los de W.F. y R.A., ciudadanos argelino y marroquí respectivamente y ambos en situación irregular, buena parte de las penas solicitadas podían ser sustituidas por su expulsión del territorio nacional. Pero fruto del acuerdo de conformidad entre las partes, W.F. y R.A., quienes han depositado 130.000 euros en concepto de responsabilidad civil antes de la vista , han resultado condenados a siete años y medio de prisión, aunque a conmutar parcialmente con su expulsión de España durante 20 años en ambos casos; así como sendas multas de 2.160 euros. Se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño por el dinero adelantado. En cuanto a J.A.P.B., ha aceptado una pena de dos años de cárcel por un delito de encubrimiento y respecto a J.M.D.V. y F.L.D.F., el primero ha asumido dos años de cárcel y multa de 10.000 euros por tráfico de drogas y el segundo dos años de prisión por un delito contra la salud pública, si bien sus penas de prisión han quedado finalmente suspendidas, siempre que no vuelvan a delinquir en un periodo de tres años y que el primero de ellos abone una multa de 800 euros y los dos restantes realicen 144 días de trabajos para la comunidad. Ahora, el tribunal habrá de decidir sobre la p etición de la defensa de los dos principales condenados de suspender su expulsión de España una vez cumplan una porción de cada una de sus penas que oscila entre las dos terceras partes y las tres cuartas partes.