Pedro Sánchez está demostrando que su concepto de la resiliencia tiene más que ver con la habilidad del trilero que con una virtud del carácter. Renegando en público de lo que bien sabe en su fuero interno –que la legislatura está muerta–, pretende sobrevivir con golpes de efecto que, quizá, hasta hace poco habrían mantenido la expectación de la opinión pública y un cierto crédito de sus socios nacionalistas. Ahora, ni una cosa ni otra. En tiempo de agonía de su mandato, Pedro Sánchez vuelve a manipular la posición de España en las instituciones internacionales con la propuesta de que Cataluña y el País Vasco entren a formar parte de la Unesco y de la Organización Mundial del Turismo. No hay ninguna necesidad política ni de gestión, sea estatal, sea autonómica, que justifique esta propuesta. Es, en cambio, una iniciativa que retrata la situación precaria del presidente del Gobierno, dispuesto otra vez a proyectar en el plano internacional sus miserias políticas y las tensiones territoriales que provocan los separatistas en el seno del Estado. Sigue Sánchez hablando de «conflicto político» cuando se refiere a la relación de Cataluña con el resto de España , pese a que el discurso oficial de La Moncloa daba por resuelto ese conflicto. Su ocurrencia es darle a ese conflicto una nueva dimensión internacional. No ha aprendido de su fracaso con el intento de convertir el catalán en lengua cooficial de las instituciones europeas y ahora redobla la apuesta al proponer que la representación de España en la Unesco y en la OMT se fragmente mediante su confederalización. Las concesiones a la 'diplomacia' nacionalista –asumida también por el PSC de Salvador Illa– son significativas: desde apertura de 'embajadas' para difundir la causa secesionista a priorizar la cooficialidad del catalán en Europa. Esta oferta 'in extremis' de Sánchez a Puigdemont se mantiene en la táctica del mercadeo a cargo de los intereses del Estado; táctica que ahora sirve también para crear una cortina de humo que difumine la implosión absoluta de la red de poder tejida por Sánchez para acceder a la secretaría general en el PSOE y a la presidencia del Gobierno. Yendo a lo concreto, los fines de la Unesco y de la OMT son realizables –como hasta ahora– a través de la representación unitaria de los intereses nacionales por el Gobierno central. Los posibles ejemplos a los que puede acogerse el gobierno para respaldar la idea de Sánchez son absolutamente heterogéneos con Cataluña y el País Vasco. Ni el caso de Quebec serviría de argumento, porque esta región francófona de Canadá ha resuelto su presencia en la Unesco como miembro permanente de la delegación canadiense. Es probable que al País Vasco y a Cataluña no les interese ser asimilados a los actuales miembros asociados de la Unesco muy respetables, pero con nulas capacidades propias en materia de educación, cultura o ciencia. Nada que ver con dos comunidades autónomas plenamente dotadas de competencias en esas mismas materias. Por mucho que los nacionalistas vascos y catalanes aspiren a rebañar concesiones de esta legislatura terminal, deberían también de asumir que Sánchez los trata con cierta indignidad , porque esto es lo que significa esta sucesión de ofertas más efectistas que realistas y que demuestran que no tiene otra cosa más importante que ofrecer para garantizarse su estabilidad. Hay en esta ofuscación de Sánchez por subastar el Estado entre los nacionalistas una inaceptable deslealtad con los intereses nacionales y una indiferencia por los perjuicios que descargará no solo en futuras generaciones de españoles, sino en futuros gobiernos, tanto del Partido Popular, como de un nuevo PSOE.