La acusación particular ejercida por los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez ha avanzado a ABC que endurecerá su escrito de acusación en el procedimiento que investiga la muerte de dos militares durante la prueba de cruce del lago en la base de Cerro Muriano el 21 de diciembre de 2023. Así lo ha señalado a ABC el abogado de la familia, Francisco José Pérez Romero, quien considera que la calificación del Ministerio Fiscal del Tribunal Militar Central es «insuficiente» e «incompleta». Según ha afirmado este letrado, el escrito de la Fiscalía «plantea una acusación que es insuficiente, sin abarcar aspectos que en nuestro escrito de acusación afrontaremos con más dureza«. En este sentido, la acusación particular solicitará penas de prisión contra el comandante y el teniente coronel que no han sido acusados por el Ministerio Público. Además, la representación legal de los padres del cabo Jiménez incluirá el delito de tentativa de homicidio respecto a los militares que tuvieron que ser rescatados del agua «a punto de perder la vida», algunos de los cuales precisaron atención médica urgente, tal y como recoge el atestado de la Guardia Civil. Para esta parte, las conclusiones del Ministerio Público resultan «claramente insuficientes e incompletas». La acusación particular también discrepa de la responsabilidad civil fijada por la Fiscalía. Pérez Romero ha criticado que la indemnización prevista para los familiares de los militares fallecidos sea escasa: «La vida de una persona no vale 200.000 euros «, ha subrayado. A su juicio, la cadena de mando »tiene que velar por el cuidado y el deber en beneficio de las actividades que se desarrollan« y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. »Si no han velado por el cumplimiento de los parámetros de seguridad y prevención, deben responder por ello«, ha insistido. Frente a esta postura, otras partes personadas en el procedimiento, que han preferido mantener el anonimato, han manifestado a ABC su conformidad con la decisión de la Fiscalía Militar de no acusar a los mandos por encima del capitán Zúñiga y del teniente Tato. Según estas fuentes, en una de las declaraciones del principal acusado ya se advertía que consideraba que los mandos superiores «no tenían responsabilidad en este asunto ». Del mismo lado, otra de las partes personadas en el caso se ha remarcado que la pena solicitada por la Fiscalía por cada delito contra la eficacia en el servicio viene planteada en su grado máximo es decir cuatro años pero la horquilla va de 1 a 4 años y cada uno de los delitos. En su escrito de acusación, adelantado por ABC, el Fiscal del Tribunal Militar Central solicitaba ocho años de prisión para el capitán Zúñiga, acusado de dos delitos contra la eficacia en el servicio por la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos Rubio durante las maniobras realizadas en Cerro Muriano, cuando los militares cruzaban un lago artificial. El fiscal sostiene que el capitán no informó a sus superiores de cómo se iba a desarrollar el ejercicio y que actuó «bajo un criterio personal e improvisado». El escrito recoge que no se especificó que la maniobra tuviera como objetivo practicar la flotabilidad , ni se explicó con claridad el recorrido ni la forma de ejecución del denominado paso de río. Asimismo, el Ministerio Público acusa al teniente Tato de los mismos delitos contra la eficacia en el servicio, tipificados en el artículo 77.1 del Código Penal Militar, y solicita para él cinco años de prisión (dos años y seis meses por cada delito), al considerar acreditada su participación material y directa en unas maniobras que provocaron la muerte del soldado Carlos León y del cabo Miguel Ángel Jiménez. La Fiscalía Militar descarta responsabilidad penal en la actuación del teniente coronel Zanfaño y del comandante Velasco, y centra la acusación en los mandos directamente implicados en la planificación y ejecución del ejercicio. En concepto de responsabilidad civil , solicita que el Ministerio de Defensa indemnice con cerca de 422.000 euros a las familias de los dos militares fallecidos. Según el fiscal, el peso principal de la responsabilidad recae en el capitán Zúñiga, al entender que «nunca informó a sus superiores de cómo se iba a desarrollar la maniobra» y que decidió que los soldados cruzaran el lago a nado para evitar hacerlo caminando. El Ministerio Público concluye que actuó apoyándose en su unidad orgánica y en la Circular 305/23, pero «sin comunicar los riesgos ni las condiciones reales del ejercicio a la cadena de mando».