Este hecho no solo representa un atentado contra los recursos del Estado, sino un crimen contra la vida y la dignidad humana. Miles de afiliados al Seguro Nacional de Salud (SENASA) quedaron desprotegidos, y cientos de personas perdieron la vida por falta de cobertura médica. Cada víctima es una historia truncada, una familia rota, una violación directa a los derechos humanos.