Durante años, Juan Muñoz Tamara fue conocido casi exclusivamente como "el marido de Ana Rosa Quintana". Un empresario discreto y ajeno -al menos en apariencia- a los focos mediáticos que acompañaba a una de las comunicadoras más influyentes de la televisión española. Sin embargo, desde 2018 su nombre dejó de ser secundario para ocupar titulares propios, ligado a investigaciones judiciales de enorme calado: la Operación Tándem y el comisario Villarejo, macrocausas urbanísticas en Andalucía y conflictos administrativos que han terminado incluso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Juan Muñoz Tamara pertenece a la conocida familia Muñoz, una saga de empresarios sevillanos vinculados históricamente al sector inmobiliario y de la construcción. El patriarca, Juan Muñoz Noguera, levantó un entramado empresarial con fuerte presencia en Andalucía, especialmente en Sevilla y Granada, que durante décadas operó en el entorno del urbanismo, la promoción de suelo y grandes desarrollos residenciales. De hecho, él también se vio salpicado en una de las operaciones fraudulentas del 'caso Marchelo', que se detallará más adelante. Lejos de tratarse de episodios aislados, los procesos que afectan a Muñoz Tamara dibujan un perfil empresarial y familiar que conecta poder económico, redes de influencia y una larga tradición de negocios inmobiliarios en el sur de España. Paradójicamente, mientras Ana Rosa ha construido su carrera mediática desde el discurso del orden, la ley y la crítica a la corrupción política, su entorno familiar ha quedado salpicado por algunas de las causas más simbólicas del lado oscuro del poder económico en España. El salto a la crónica judicial: Villarejo y la pieza "Pintor" El punto de inflexión llegó en el verano de 2018. Juan Muñoz Tamara fue detenido en el marco de la Operación Tándem, la macrocausa que investiga las actividades ilícitas del excomisario José Manuel Villarejo. Concretamente, quedó encuadrado en la llamada pieza "Pintor", una de las ramificaciones del caso. Según la investigación de la Audiencia Nacional, Muñoz y su hermano habrían contratado a Villarejo para obtener información reservada -y potencialmente comprometedora- con la que poder chantajear a un antiguo socio, Mateo Martín Navarro (alias Pintor), y el abogado de este, el exjuez Francisco Javier Urquía. Los hermanos Muñoz Támara pretendían obtener información con la que chantajear a Martín para que cambiara su postura sobre su supuesta insolvencia ante la deuda que Hacienda reclamaba a la empresa que los tres mantenían en común. Juan y Fernando sospechaban que los movimientos de su exsocio se debían a las indicaciones o recomendaciones de su abogado, Javier Urquía, por lo que también solicitaron informaciones relacionadas con el letrado. El procedimiento avanzó lentamente hasta llegar a juicio. En 2022, Juan Muñoz Tamara y su hermano alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, reconociendo los hechos a cambio de una rebaja sustancial de las penas solicitadas inicialmente. La sentencia posterior confirmó una condena leve, de tres meses de prisión, por delitos relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos, además de una "multa de tres meses con una cuota diaria de 100 euros"...