Las calles de Bruselas son escenario de movilización. Más de 12.000 agricultores y ganaderos, con una destacada representación de profesionales aragoneses, alzan la voz para reclamar una Política Agraria Común (PAC) justa. Sus principales exigencias se centran en garantizar la soberanía alimentaria europea y defender el modelo de explotación agrícola y ganadera que caracteriza al continente, basado en su inmensa mayoría en la explotación familiar. Esta manifestación refleja un profundo malestar en el sector, que denuncia la creación de políticas que, con demasiada frecuencia, "se diseñan de espaldas a la realidad del campo". Según los profesionales, estas directrices ponen en grave riesgo la continuidad de miles de explotaciones, afectando con especial dureza a territorios con limitaciones naturales, como es el caso de la comunidad de Aragón. De forma paralela a la manifestación, la organización ASAJA Huesca ha mantenido una reunión estratégica en Bruselas con Ricard Ramón, jefe de unidad de la Dirección General de Agricultura (DG AGRI) de la Comisión Europea. Durante el encuentro, la delegación aragonesa ha trasladado la incertidumbre que domina en el sector agrario ante la próxima reforma de la PAC. La principal demanda ha sido clara: el nuevo modelo debe asegurar por encima de todo la viabilidad económica de las explotaciones familiares. Por su parte, Ricard Ramón ha reconocido el papel fundamental de este modelo, afirmando que las explotaciones familiares "vertebran el territorio y marcan la diferencia frente a otros modelos del resto del mundo". El técnico, con más de veinte años de experiencia en instituciones comunitarias, ha explicado que, si bien la PAC no desaparecerá y seguirá siendo una "política común", se enfrenta a un contexto complejo, marcado por el debate presupuestario, la situación geopolítica internacional y el cambio climático. En este sentido, ha apuntado a una PAC futura más flexible y la posible creación de un fondo único, decisión que dependerá de los jefes de Gobierno de los 27, que se reúnen precisamente este jueves en la capital belga. Uno de los puntos centrales de la discusión ha sido el futuro de los pagos directos. Ricard Ramón ha defendido que sigan vinculados a la hectárea, pero ha abogado por un reparto "más justo y eficiente". Esto implicaría, según ha señalado, eliminar los derechos históricos y priorizar criterios sociales y territoriales en la asignación de las ayudas. Desde ASAJA Huesca han coincidido en la necesidad de avanzar hacia un sistema que beneficie principalmente al agricultor y ganadero profesional. Sin embargo, han manifestado su desacuerdo con el umbral propuesto para la reducción de ayudas a grandes explotaciones. La organización considera que la degresividad debería comenzar en importes más elevados, en torno a los 60.000 euros, para no comprometer la rentabilidad de explotaciones de mayor tamaño pero igualmente familiares y profesionales. El secretario general de Asaja Huesca, Ramón Solanilla, ha puesto un énfasis especial en la realidad de provincias como Huesca. Ha explicado que "las limitaciones geográficas y naturales impiden el desarrollo de grandes explotaciones, y donde el modelo mixto de agricultura y ganadería resulta clave tanto desde el punto de vista económico como territorial y ambiental". Por ello, ha insistido en que "necesitamos un mayor apoyo a sectores como el ovino, caprino y vacuno extensivo en zonas de montaña y limitaciones geográficas". Solanilla ha sentenciado con una advertencia contundente: "la realidad es tozuda, las explotaciones que se cierran en estos territorios difícilmente vuelven a abrirse". La reunión también ha abordado otros retos cruciales para el futuro del sector, como el relevo generacional. Se ha subrayado la importancia de reforzar las ayudas a jóvenes agricultores, especialmente en inversiones ligadas a la agricultura de precisión, la formación, la modernización y la digitalización, con un hincapié en la tecnología 4.0. Además, se ha solicitado una revisión de los programas LEADER para que recuperen su enfoque agrario original. Finalmente, la delegación de ASAJA Huesca ha expresado su preocupación por la falta de reciprocidad en los acuerdos comerciales, como el de MERCOSUR, el control de fronteras, el uso de fitosanitarios y el impacto de normativas como la ley de restauración de la naturaleza. También se han puesto sobre la mesa el rechazo a los aranceles al carbono, el exceso de burocracia y la necesidad de actualizar las cláusulas de salvaguarda, obsoletas desde hace 20 años. La conclusión de la organización agraria es firme: el futuro de la PAC debe construirse "escuchando al sector", apoyando a las explotaciones viables y garantizando que la agricultura y la ganadería sigan siendo un pilar estratégico para Europa, especialmente en el medio rural.