Agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han entrado a primera hora de este jueves en las instalaciones del laboratorio IRTA-CReSA, un centro de investigación de alta seguridad ubicado en Bellaterra (Vallès Occidental). La operación responde a una orden de entrada y registro emitida por el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, que investiga el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado hace meses en la zona. Según han informado ambos cuerpos policiales, las diligencias han sido declaradas secretas y el registro se está realizando "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación". La investigación judicial tiene su origen en la crisis desatada tras la confirmación de más de una docena de casos de jabalíes muertos por PPA en el entorno del Parque Natural de Collserola. Este hecho encendió todas las alarmas, ya que suponía el primer foco detectado en un área metropolitana como la de Barcelona, un salto geográfico que amenazaba con hacer incontrolable la expansión del virus. La preocupación se apoderó inmediatamente tanto de las autoridades sanitarias como del sector ganadero, consciente de las devastadoras consecuencias que la enfermedad podría acarrear. Desde el primer momento, los esfuerzos se centraron en contener el brote. Se estableció un cordón sanitario en kilómetros a la redonda, se intensificó la vigilancia sobre las poblaciones de jabalíes y se extremaron los controles en las explotaciones porcinas de la región. Las autoridades recordaron que, si bien la PPA no afecta a los seres humanos, es una enfermedad altamente contagiosa y mortal para cerdos y jabalíes, para la que no existe vacuna ni tratamiento. El misterio que ha centrado las pesquisas desde entonces es cómo pudo llegar el virus hasta una zona tan densamente poblada y alejada de otros focos conocidos. El temor a que la enfermedad se extienda al cerdo doméstico ha generado una enorme angustia en el sector porcino catalán, uno de los pilares de la economía de la comunidad y una potencia exportadora a nivel mundial. Un brote descontrolado supondría una catástrofe económica de proporciones difícilmente calculables. La normativa internacional es implacable: la detección de un solo caso en una explotación obliga al sacrificio de miles de animales y, lo que es peor, provoca el cierre inmediato de los mercados exteriores, un veto comercial que puede durar años y que arruinaría a miles de familias. La angustia se ha instalado entre los ganaderos, que viven con la incertidumbre de ver cómo el trabajo de generaciones puede desvanecerse en cuestión de días. La apertura de mercados clave, como el de China, ha costado décadas de esfuerzo en inversión y calidad, y su cierre supondría la ruina para miles de explotaciones familiares y para toda la industria auxiliar que depende de ellas. Esta amenaza ha convertido la erradicación del brote de Collserola en una absoluta prioridad nacional. El registro policial de este jueves sitúa el foco de la investigación en una hipótesis tan sorprendente como preocupante. El IRTA-CReSA no es un laboratorio cualquiera; es un centro de investigación de alta seguridad biológica (NBS-3), precisamente uno de los pocos en España capacitado para investigar patógenos tan peligrosos como el virus de la peste porcina africana. La gran paradoja es que el lugar diseñado para estudiar la enfermedad y encontrar soluciones es ahora el principal sospechoso de haberla propagado. La operación policial se centra, por tanto, en la posibilidad de que se produjera un fallo en la bioseguridad del centro que permitiera el escape del virus. Los agentes, bajo mandato judicial, están revisando registros informáticos, cuadernos de laboratorio, muestras y todo tipo de documentación para reconstruir los hechos. Que la investigación, mantenida en secreto durante meses, haya culminado con un registro de estas características sugiere que el juez podría tener indicios sólidos que apuntan a una brecha en los estrictos protocolos de contención del laboratorio. El resultado de esta investigación es crucial. De sus conclusiones depende no solo el futuro judicial de los responsables del centro, sino también el de todo un sector estratégico para la economía catalana que contiene la respiración. Confirmar que el brote se originó en el lugar que debía ser el más seguro del país supondría un golpe durísimo y abriría un escenario de consecuencias imprevisibles.