La Junta de Andalucía ha presentado el balance de gestión del sistema de dependencia, una política que califica como "prioridad" para el gobierno andaluz. Durante una rueda de prensa junto a la delegada territorial de Inclusión, Lola Sánchez,y al delegado del gobierno andaluz Adolfo Molina se ha destacado que "detrás de cada expediente siempre hay una persona, siempre hay una familia, siempre hay una necesidad que no puede esperar". El presupuesto andaluz para 2026 contará con la mayor cuantía dedicada a la dependencia de la historia, superando los 6.100 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior y más del doble de la inversión de 2018, lo que busca consolidar un sistema "fuerte, ágil y con mayor capacidad de respuesta". A pesar del esfuerzo presupuestario, el gobierno andaluz denuncia un "desequilibrio" en la financiación del sistema a nivel nacional. Según la normativa, el coste debería repartirse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, pero en la realidad andaluza, la Junta de Andalucía asume el 71% del coste, mientras que el Gobierno de España aporta únicamente el 29%. Esta situación contrasta con la de otras comunidades como el País Vasco, donde sí se cumple el reparto equitativo. Esta diferencia en la financiación ha llevado al ejecutivo a denunciar la existencia de "dependientes de primera, que son los del País Vasco, por ejemplo, y dependientes de segunda, que son los andaluces". Los avances también se reflejan en la provincia de Córdoba, que a 30 de noviembre alcanza cifras récord con 36.799 personas beneficiarias y 58.217 prestaciones activas. Desde la llegada del actual Gobierno andaluz, el número de beneficiarios ha aumentado en un 47% y el de prestaciones, en un 70%, ampliando la cobertura del sistema. La gestión también ha mejorado, con más de 7.000 personas que han salido de las listas de espera recientemente. El tiempo de espera para recibir una prestación, que entre 2014 y 2015 alcanzó los 1.275 días, se sitúa actualmente en 512 días, una cifra que, aunque "insuficiente", muestra una clara tendencia a la baja. Para 2026, la financiación total para la dependencia en la provincia de Córdoba ascenderá a 135,4 millones de euros, 8 millones más que en 2025. De este total, 95,9 millones se destinarán a municipios de menos de 20.000 habitantes y 39,8 millones a los de más de 20.000, manteniéndose en ambos casos el desequilibrio en el reparto de fondos con el Estado. El gobierno autonómico concluye reafirmando su compromiso para seguir garantizando una atención digna y un mejor servicio a las familias andaluzas, a pesar de lo que califican como el "abandono del gobierno de España" en la financiación del sistema.