El Parlamento de Cataluña ha aprobado, este jueves, el proyecto de ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo que restringe el alquiler de temporada y de habitaciones en la comunidad. El texto, que pasó por el Consejo de Garantías Estatutarias tras solicitar Junts y el PP un informe de este organismo autonómico que no es vinculante, establece, básicamente, que la suma del alquiler de las habitaciones no puede superar el coste del alquiler de la vivienda en su conjunto, en las zonas en las que está limitado el precio del alquiler. La iniciativa ha sido defendida en el Parlament por Sílvia Paneque, portavoz del Govern y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y señala medidas en el ámbito de la obra pública, administrativas y en materia de urbanismo y vivienda, y modifica las leyes del derecho a la vivienda, el texto refundido de la Ley de Urbanismo y la de mejora urbana, ambiental y social de barrios y villas, además de los decretos ley de movilización de viviendas procedentes de procesos de ejecución hipotecaria y de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. La propuesta legislativa recoge, informa Ep, que en los planteamientos urbanísticos de los municipios con una demanda residencial fuerte y acreditada, el uso predominante de las viviendas sea el de residencia habitual y permanente, y regula el alquiler de temporada vinculado a un plan especial que justifique el interés público y social y la idoneidad de la localización del alojamiento y establece que se regulen las condiciones de acceso y temporalidad. La norma también permite la creación de un registro de grandes tenedores, que dependerá de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, y una comisión de supervisión de contratos de arrendamiento de vivienda, y se declara a los inspectores agentes de la autoridad y se regulan sus funciones. Igualmente, se concreta la destinación de las fianzas que tenga en depósito el Instituto Catalán del Suelo (Incasol) para incrementar los recursos públicos para la construcción de vivienda protegida y amplía los ámbitos en que la administración puede ejercer los derechos de tanteo y retracto. PP, Vox y Aliança han votado en contra de la norma.