Ya nos lo advirtió el pasado martes en el CeraCope Castellón el secretario general de la patronal de fabricantes de fritas, esmaltes y colores cerámicos, Manuel Breva, del nuevo problema importante que se le venía al sector, con dardo lanzado desde Bruselas: "Una revisión que nos produce que en el periodo 2026-30 tengamos una reducción de derechos del 34%. Nuestras empresas van a tener que salir al mercado, que es especulativo y que no ayuda a la reducción de emisiones". Ya se puso también sobre la mesa ayer, en el encuentro en el presidente del gobierno y el de la Generalitat como confirmó Juan Francisco Pérez Llorca: "Le he trasladado el malestar porque la otra industria fuerte como la italiana ha conseguido una ayuda a fondo perdido". Y hoy lo ha corroborado la propia patronal azulejera. ASCER alerta del duro golpe que puede suponer el sobrecoste por la eliminación de derechos de emisión de CO2 al sector, con una merca que puede lastrar incluso la continuidad de parte del entramado económico de la provincia. Lo advierte el vicepresidente de la patronal, Miguel Nicolás: "Nosotros no tenemos una vía de descarbonización. Cualquier coste que venga derivado de ahí es un impuesto. La única manera de aminorar inversiones sería reducir la capacidad productiva, y eso supone menos puestos de trabajo". Y es que este paso condiciona un avance en la descarbonización del sector que, a día de hoy, es imposible de dar por la falta de tecnologías avanzadas disponibles y sobre todo de una fuente de energía cuyo coste asegure la competitividad. Alberto Echavarría, secretario general de ASCER: "No podemos sustituir nuestros hornos o atomizadores. Ahora estamos usando la mejor tecnología posible, y en este periodo no van a cambiar las cosas". Y, ¿qué se puede hacer ante ello? La respuesta pasa por la unidad. Ismael García Peris, hombre al frente de la patronal azulejera, ya ha conseguido el apoyo de la CEOE y en los próximos días se reunirá con representantes de la Generalitat. Faltará la de Pedro Sánchez, la ministra Sara Aagesen o el secretario de estado de industria Jordi García, como principales interlocutores del gobierno central, del que espera una sensibilidad que vaya más allá de lo económico: "Nosotros transmitimos que no es un sector, es Castellón. Somos 75.000 familias que vivimos de ésto. Debe rozar la sensibilidad de todo gobierno, es crear bienestar social a través del trabajo". Y lo hacen con un objetivo claro: no demandan un cambio de dirección a la Comisión Europea en esta modificación, sino un tiempo de pausa para analizar y consensuar futuros pasos: "Esta historia va para final del primer trimestre y es más fácil frenar las cosas que echarlas atrás". De momento, el sector mira con recelo el 2026 tras un 2025 marcado por la estabilidad dentro de la convulsa situación mundial. Con un crecimiento de producción y empleo de un 2 por ciento, y unas ventas que descienden levemente en el panorama internacional pero que suben en nuestro país.