La investigación de la presunta trama de corrupción encabezada por la llamada fontanera del PSOE Leire Díez y el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero se ha cobrado la primera baja. Juan Antonio Carrillo Donaire, vinculado hasta el pasado mes de agosto al bufete sevillano SdP Estudio Legal SLP salpicado por esta causa que está bajo secreto de sumario, ha presentado su dimisión como consejero electivo (sin dedicación exclusiva ni sueldo público) del Consejo Consultivo de Andalucía . Dos abogados vinculados al citado despacho, Juan Antonio Carrillo Donaire y Laura Babío De Pablos , están siendo investigados por participar en la supuesta trama de comisiones ilegales a través de amaños de ayudas y contratos públicos por importe de al menos 132,9 millones de euros . Su mandato de cinco años como alto cargo del órgano consultivo que presta asesoramiento jurídico a la Junta de Andalucía y las administraciones locales finalizaba el 19 de enero de 2026. Pero este catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla no ha querido esperar al mes que le resta para renunciar al cargo. Fue nombrado mediante un decreto del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el 21 de diciembre de 2020, tal y como recuerda en su carta de renuncia registrada el pasado miércoles. A pesar de que su mandato estaba próximo a expirar, cuando se cumplían cinco años desde su toma de posesión el 19 de enero de 2020 y sin posibilidad de reelección, Carrillo Donaire ha decidido dimitir por compromiso y lealtad con la institución pública , dada la situación personal en la que se encuentra, según informaron a ABC fuentes cercanas a Juan Antonio Carrillo. A la fecha de su renuncia, el pasado 17 de diciembre, no tenía compromisos pendientes en el Consejo, por cuanto el Pleno, órgano al que pertenecía, no tiene programada ninguna sesión con anterioridad al vencimiento de su mandato. El mismo día que presentó su renuncia, ABC publicó que el despacho del que era socio hasta agosto de 2025 había sido adjudicatario de un contrato «especial» (sin publicidad ni libre concurrencia) en Correos valorado en 180.138,75 euros que fue promovido por la exmilitante socialista Leire Díez el 5 de diciembre de 2022, cuando ocupaba la Dirección de Relaciones Internacionales, Filatelia , Estudios y Futuro en la empresa pública postal dependiente de la SEPI. Cuando la 'fontanera' de Ferraz ocupaba este cargo directivo, entre febrero de 2022 y el mismo mes de 2024, fichó a SDEP & Carrillo Abogados S.L.P. (antigua denominación de la empresa) para que le prestara «un servicio de asesoramiento y asistencia técnica». Además, durante cuatro meses en 2024 el despacho compartió sede con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández en un piso de la calle Diego de León 36 en el barrio Salamanca de Madrid, como ha revelado ABC este jueves. El pasado jueves, agentes de esta Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la sede central del bufete en la calle Cardenal Bueno Monreal de Sevilla como su antigua oficina en Madrid, en busca de documentación relativa a los contratos y ayudas públicas bajo sospecha de amaño. Dicho registro forma parte de una macro operación desarrollada por la UCO la pasada semana bajo la supervisión del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. En este dispositivo fueron detenidos Vicente Fernández , que ocupó la presidencia de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019 a propuesta de María Jesús Montero; Leire Díez , y el dueño de Servinabar Joseba Antxon Alonso , socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa que se llevaba supuestamente una mordida del 2% del coste de grandes obras públicas licitadas por el Ministerio de Transportes bajo la dirección del socialista José Luis Ábalos. En sus pesquisas para indagar en los instrumentos que utilizaba la trama para cobrar las comisiones en cinco operaciones sospechosas, la UCO localizó, entre otros documentos y facturas, un pago de 17.545 euros al citado bufete sevillano que hizo la empresa pública Enusa , de la que Leire Díez era responsable de comunicación antes de llegar a Correos. La UCO cree que este abono se realizó sin que hubiera un contraprestación laboral.