Un «auténtico taller clandestino de armas de fuego y munición de guerra ». Es parte de lo encontrado por los agentes en una vivienda de Ávila durante una operación conjunta de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en la que seguían la pista a un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos. Pero tras la puerta, no sólo se hallaban pruebas que han llevado a la desarticulación de una organización criminal por el considerado «uno de los mayores» fraudes contra la Hacienda Pública, sino que también un auténtico arsenal. Hasta 44 armas de fuego eran intervenidas, algunas con el número de serie borrado y modificadas con silenciadores, así como munición de guerra y hasta un vehículo blindado bélico con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior. Ocho personas han sido detenidas y otras diez están investigadas como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas en una investigación que comenzó a principios de 2023. Fue entonces cuando los agentes de la UDEF Central de la Policía Nacional tenían conocimiento de grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales. Ahí descubrían que dos operadoras petrolíferas estaban incumpliendo «sistemáticamente» con sus obligaciones fiscales al no pagar el IVA -se calcula que uno s 300 millones de euros -, lo que llevó a los agentes a considerar que podría existir toda una organización criminal detrás. El proceder de Biomar Oil estaba provocando «gran preocupación» en el resto de empresas del sector de los hidrocarburos, pues ofrecían el producto a precios «muy por debajo» del valor habitual re al -incluso a pérdidas- «fruto de los incumplimientos fiscales», según han informado desde la Policía Nacional. Además, no cumplían con la normativa sectorial de biocarburantes, lo que supondría otro impago de unos 40 millones de euros. Contaban con su propio depósito fiscal para almacenar el carburante, «técnica poco común», y tenía «vocación de continuidad de esta actividad delictiva» , pues «fruto de los beneficios ilícitos» del primer operador petrolífero, dieron de alta un segundo y hasta llegaron a crear un tercero, que sí dieron de baja. Tenían una estructura jerarquizada, con los dos socios en la cúspide, bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que contralaban las cuentas y la contabilidad. En el último escalón, los trabajadores, «muchos» de ellos desconocían con actividad criminal y no formaban parte de la organización, que además contaba con testaferros para que prestasen su identidad y figurar como responsables de las operaciones tributarias, llegando a percibir uno de ellos unos dos millones de euros. En los registros y entradas simultaneas llevados a cabo el 2 de diciembre en siete domicilios de Madrid y Ávila, además de en dos oficinas en la capital madrileña, los agentes intervenían también 140.000 euros , 167 relojes de lujo valorados en unos dos millones de euros, activos financieros por más de 14 millones, y bloqueaban cuentas con más de 12,5 millones, 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gana y 46 inmuebles de más de cinco millones.