El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves una ley pionera para regular el alquiler de temporada y el de habitaciones, con el objetivo de evitar que estas modalidades se utilicen para esquivar el tope de precios aplicado al alquiler convencional. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSC, ERC, los Comuns y la CUP, mientras que Junts ha votado en contra del núcleo de la norma, y PPC, Vox y Aliança Catalana han mostrado su rechazo total. La aprobación llega después de que el Consell de Garanties Estatutàries avalara casi toda la ley, aunque cuestionó la prórroga automática de los pisos de protección oficial. Para solventarlo, el texto final ha incorporado enmiendas que impiden que estos pisos caduquen, blindando su protección en las zonas de mercado tensionado. La nueva legislación cambia de forma sustancial el panorama del alquiler en Cataluña, especialmente en las áreas con el mercado más tensionado. A partir de ahora, los contratos de alquiler de temporada deberán estar justificados por una finalidad real, como estudios, trabajo o eventos específicos, y no podrán usarse como una residencia habitual encubierta. El objetivo es cerrar la puerta al fraude que permitía a los propietarios eludir los límites de renta fijados por la Ley de Vivienda. Además, la ley regula por primera vez el alquiler de habitaciones, estableciendo que la suma de las rentas de las habitaciones de un mismo piso no podrá superar el precio máximo que tendría el alquiler de la vivienda completa. Con esta medida, se pretende acabar con la práctica de trocear los pisos para obtener una rentabilidad mayor a la permitida. La norma también estipula que en los municipios tensionados, el uso predominante de las viviendas debe ser el de residencia habitual y permanente. Para garantizar su cumplimiento, se crea un registro de grandes tenedores que dependerá de la Agència de l'Habitatge de Catalunya y se refuerzan las labores de inspección. Los inspectores han sido declarados agentes de la autoridad, lo que les otorga más poder para supervisar y sancionar posibles incumplimientos. La consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, ha defendido que la ley proporciona "más claridad normativa" y "garantías" a la ciudadanía. Paneque ha insistido en la importancia del derecho a la vivienda para la estabilidad del país: "Cuando la vivienda falla, se pone en riesgo la cohesión social, las oportunidades y la calidad democrática del país. Si la vivienda funciona, el país funciona". Desde los grupos que han apoyado la ley, se ha celebrado lo que la diputada socialista Eva Candela ha calificado como un "pacto progresista" para lograr "políticas que busquen la libertad y el bienestar reales". Por su parte, Ester Capella (ERC) ha reivindicado la capacidad soberana del Parlament para legislar y ha afirmado que con esta norma "se rompe el barranquismo vertical" y se avanza en la garantía de derechos. Aunque han votado a favor, los Comuns y la CUP han exigido más contundencia. Susana Segovia (Comuns) ha reclamado al Govern que "comience a sancionar" los incumplimientos, mientras que Laure Vega (CUP) ha pedido seguir avanzando para "prohibir la compra especulativa y bajar el precio del alquiler". La oposición ha sido muy crítica con la norma. La diputada de Junts, Glòria Freixa, ha argumentado que, aunque regular es necesario, hacerlo basándose en la contención de rentas es "contraproducente" porque "espanta" al mercado. Junts se ha opuesto a los artículos clave, como la regulación del alquiler de temporada y la creación del registro de grandes tenedores, al considerar que asume competencias estatales. En una línea más dura, la diputada del PPC, Àngels Esteller, ha anunciado que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Los populares sostienen que la regulación del alquiler es una competencia exclusiva del Estado y acusan al gobierno de asumir los "dogmas de la izquierda radical" como pago por el apoyo a la investidura de Salvador Illa. Finalmente, Vox y Aliança Catalana también han denunciado una "invasión de competencias" y han alertado de que la ley genera "incertidumbre" y "criminaliza a los propietarios", lo que, en su opinión, desincentivará aún más el mercado del alquiler.