El protocolo de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la mesa del sector público ha encendido las alarmas en el Congreso , tras la inclusión de normas que sectores de la oposición califican como un "amarre" para la próxima Administración. El punto de conflicto radica en el artículo 14 del texto, el cual establece que la no renovación de contratos deberá realizarse mediante un "acto administrativo fundado" , prohibiendo que se utilice la sola mención a las "necesidades del servicio" como justificación formal. Adicionalmente, el protocolo señala que los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación o renovación en condiciones distintas, agregando que la Contraloría solo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales. Estas medidas han sido interpretadas por parlamentarios de Chile Vamos como un intento de blindar a funcionarios actuales ante la llegada del Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast. El diputado Frank Sauerbaum (RN) criticó que " el Gobierno solamente provisionó 600 millones de dólares y tiene un costo de 1.500 millones de dólares ; por lo tanto, la gran pregunta es justamente de dónde vamos a sacar esta diferencia que no está provisionada en ninguna de las partidas de la Ley de Presupuestos". "Le voy a proponer a mi bancada que votemos en contra de un reajuste que no está financiado" , anticipó. Su par de la UDI Flor Weisse planteó que, "más allá del monto, se ha introducido un acuerdo en la ley de reajuste que a nosotros nos parece que es una forma de dejar amarrado en el Estado a activistas políticos , a personas que no han dado simplemente el ancho en lo que hoy día se requiere para la eficiencia y el buen uso de los recursos públicos y no vamos a aprobar esa indicación". ANEF: "No es apernarse, sino reconocer la trayectoria" Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) , que no suscribió el acuerdo por considerar insuficiente el aumento salarial, se defendió la norma de estabilidad. En El Diario de Cooperativa , el presidente del gremio, José Pérez , calificó la medida como un avance necesario para evitar despidos arbitrarios: "No es apernarse, sino reconocer la trayectoria de quienes tienen vocación pública" , argumentó el dirigente, recordando las desvinculaciones masivas ocurridas en 2010. Diputado PS critica "cortapisas" al futuro Gobierno La controversia ha permeado incluso en las filas del oficialismo. El diputado socialista Marcos Ilabaca manifestó su rechazo a que se utilicen estas instancias para limitar las facultades de la administración entrante. " No creo que sea correcto en este proceso tratar de ponerle cortapisas al Gobierno que viene respecto a facultades que en derecho ellos poseen . Veo muy difícil que a través de este acuerdo se logren establecer requisitos adicionales a lo que el propio Estatuto Administrativo y la legalidad hoy día presenta. Creo que no es el medio para poder establecer ese tipo de cláusulas", cuestionó el parlamentario. En términos económicos, el proyecto propone un reajuste gradual: un 2% en diciembre y un 1,4% adicional en junio de 2026 . Para las remuneraciones más bajas, el incremento podría alcanzar el 5% al considerar bonos adicionales. Sin embargo, la advertencia de las bancadas de oposición de votar en contra de las cláusulas administrativas y la falta de financiamiento presupuestario completo amenazan con una tramitación compleja en el Congreso. El proyecto de ley será ingresado formalmente a tramitación la primera semana de enero, marcando lo que será uno de los últimos y más tensos debates legislativos antes del cambio de mando.