La usuaria de TikTok @carlagpp.13, Carla Gómez Pardo, ha expuesto en un vídeo que se ha vuelto viral la situación que está viviendo con las caseras de su anterior vivienda. Según su relato, pretenden retenerle 1.300 euros de los 1.600 euros que depositó como fianza. La joven explica que cumplió con la ley avisando con un mes de antelación de su marcha e incluso "les consigo a la siguiente inquilina porque es una amiga mía que estaba buscando piso", una situación que puede consultarse en su publicación en la red social. Gómez Pardo detalla que la entrega de llaves se realizó sin aparentes problemas y que sus caseras le indicaron que todo estaba bien. Sin embargo, la ley de arrendamientos urbanos establece un plazo de un mes para que el arrendador revise el estado del inmueble y proceda a la devolución de la fianza. La sorpresa llegó cuando, pasado ese tiempo, recibió un desglose que la dejó "pálida": de los 1.600 euros, solo le devolvían 349 euros. La inquilina denuncia que los gastos que intentan imputarle son desproporcionados e injustificados. Le reclaman conceptos como la limpieza de la parte trasera de la nevera, 70 euros en bombillas o 40 euros en sillas macizas de madera, cuando las que había, según ella, eran "de plástico de mierda que se rompieron del uso". El cargo más elevado corresponde a 550 euros de pintura, un trabajo para el que no le presentan factura, sino un presupuesto manuscrito, ya que "se lo pintó el amigo de la hermana". Otro de los puntos más polémicos es el cobro de un sofá completamente nuevo. La joven afirma que en el piso había "un sofá de segunda mano con roturas en las fundas, con humedades debajo de las fundas, sin ni siquiera reposabrazos". Ahora, las propietarias han instalado "un sofá nuevo de tres plazas, sofá cama con reposabrazos" y pretenden que ella asuma el coste, una situación que califica de "surrealista". Al solicitar las facturas para justificar los gastos, la respuesta de una de las caseras fue, según la tiktoker, un audio de casi tres minutos en el que la llamaba "mala persona" por estar "racaneando 1.300 €". Gómez Pardo denuncia que también recibió amenazas para disuadirla de reclamar: "Que si lo quiero llevar por vías peores, que si no quieren tener que meter a mi padre en esto", relata. Ante la falta de acuerdo y las presiones, Carla Gómez Pardo decidió buscar asesoramiento legal. Tras consultar con un abogado, ha procedido a redactar una demanda de juicio verbal. Como la cantidad reclamada es inferior a 2.000 euros, la ley permite interponerla sin necesidad de abogado ni procurador. Es fundamental conocer cada cláusula del contrato de alquiler para evitar este tipo de abusos. La joven se muestra firme en su decisión de llevar el caso ante los tribunales. "En otra ocasión de mi vida me hubiesen amedrentado, pero si estás fuerte y crees que eres capaz de afrontar toda esta situación, hay que pelear por lo que es de uno", reflexiona. Su caso pone de manifiesto la importancia de que los inquilinos conozcan sus derechos, como la opción de comprobar si el piso cumple con el índice estatal de precios. Concluye que, independientemente del resultado, se siente "orgullosa porque lo he peleado".