Frente a ello, el Ministerio del Trabajo explicó que “esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales”. También hay criticas sobre el financiamiento del reajuste, ya que para los parlamentarios de oposición no están los recursos provisionados para ese gasto de US$1.500 millones.