Impulso Ciudadano ha anunciado que recurrirá el decreto que regula la imagen de los Mossos d'Esquadra, firmado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la consejera de Interior, Núria Parlon, por incluir que la lengua catalana es la única «lengua de trabajo» entre los agentes del cuerpo policial autonómico. Para la entidad, esta norma «es muy grave» y «desborda» el marco constitucional que establece que las lenguas oficiales de Cataluña tienen que ser tratadas por igual desde las instituciones de la Generalitat. El jueves se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el decreto 269/2025, de 16 de diciembre, de la imagen institucional, los uniformes, las acreditaciones y las distinciones de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra. Esta nueva norma incluye un artículo, el 37, que regula la «lengua de trabajo» de los agentes y descarta el carácter bilingüe de la comunidad (trilingüe en el Valle de Arán, Lérida) al apuntar que «la lengua propia y habitual de trabajo y de relación con la ciudadanía [...] es el catalán» y «el aranés tiene que contar con los medios necesarios para ser lengua de trabajo y de atención ciudadana». Aunque en el redactado del artículo 37 se incorpora un apartado que señala que «las personas» tienen derecho «a ser atendidas en castellano», un aspecto recogido en la Constitución, para Impulso Ciudadano la preferencia del catalán sobre el español «desborda claramente» el objeto del decreto, centrado en la imagen institucional de los Mossos d'Esquadra, al «imponer una regulación lingüística de carácter estructural» y lo hace «en abierta contradicción con el régimen constitucional de cooficialidad lingüística establecido en el artículo 3 de la Constitución». Por ello, la entidad cívica, presidida desde hace unas semanas por el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Rafael Arenas, ha recordado, en el comunicado en el que informa de la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el decreto, que la fórmula de fijar el catalán como lengua «propia», «habitual» o de «trabajo» no solo «desconoce la oficialidad del castellano en el ámbito de la administración, sino que además vulnera los derechos lingüísticos de los propios policías, que tienen derecho constitucional a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus comunicaciones internas y en el ejercicio de sus funciones». En esta línea, la asociación ha advertido de que «esta regulación no es una cuestión menor ni meramente organizativa, sino una decisión con claros efectos jurídicos, profesionales y disciplinarios para los miembros del cuerpo policial, que introduce una preferencia lingüística incompatible con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña». Y ha recordado que el TSJC ya ha anulado normativas que obligaban a utilizar el catalán como lengua única de la administración. Desde el punto de vista político, la entidad liderada por Arenas ha lamentado que este reglamento se haya aprobado bajo el gobierno del PSC, presidido por Illa. «El actual Gobierno de la Generalitat no se diferencia de sus predecesores. También persiste en una política lingüística de carácter identitario, utilizando la lengua como instrumento de construcción de una identidad unívoca, en lugar de apostar por un modelo de convivencia lingüística real, equilibrada y respetuosa con la pluralidad de Cataluña», ha añadido la asociación en el comunicado. Para Impulso Ciudadano, «la cooficialidad no consiste en tolerar una lengua y promover otra, sino en garantizar que ambas sean lenguas normales de la administración y de los servicios públicos». Es decir, «convertir el catalán en lengua obligatoria de trabajo de los Mossos es discriminar a los castellanohablantes y vulnerar derechos fundamentales». Y ha zanjado que esto es especialmente «preocupante» en una institución como la de la policía autonómica «donde la neutralidad institucional y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales deberían ser incuestionables». De esta manera, el PSC consolida su posición en materia lingüística tras llegar al Govern y se distancia de lo que había defendido en los últimos años, incluido Illa, desde la oposición. Así, por ejemplo, en materia escolar, Illa sigue aplicando la inmersión lingüística obligatoria en catalán, a pesar de que los tribunales han decretado que no es legal; las multas lingüísticas por utilizar el español se siguen imponiendo a los comerciantes, incluso, también, a hacerlo en contra del Tribunal Constitucional; y ahora se fija el catalán como única lengua de trabajo entre los agentes de los Mossos d'Esquadra.