El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respaldado de forma expresa las protestas protagonizadas por agricultores españoles y europeos en Bruselas y ha exigido a la Comisión Europea que no financie sus nuevas prioridades en materia de defensa y seguridad a costa del campo. El Ejecutivo autonómico, encabezado por Emiliano García-Page, se ha alineado así con un sector que ha alzado la voz ante una propuesta presupuestaria comunitaria que pone en riesgo el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y del desarrollo rural en regiones como Castilla-La Mancha. El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha reiterado este apoyo desde Las Pedroñeras, donde ha participado en la firma de más de una treintena de proyectos financiados con fondos LEADER para la comarca de El Záncara. Desde allí, ha defendido que las movilizaciones en Bruselas han respondido a una preocupación real y fundada ante el planteamiento del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 presentado por la Comisión Europea. Martínez Guijarro ha advertido de que esta propuesta ha supuesto, en la práctica, una reducción de la Política Agraria Común y la desaparición de fondos clave como el FEADER, una decisión que ha dejado como principales damnificados tanto a los agricultores como a los Grupos de Desarrollo Rural. Ambos, ha subrayado, han sido piezas esenciales para sostener el medio rural, fijar población y garantizar actividad económica en amplias zonas de la Comunidad Autónoma. El vicepresidente primero ha sido contundente al señalar que no puede trasladarse al campo el coste de otras prioridades comunitarias. En este sentido, ha rechazado que las nuevas necesidades financieras vinculadas a la defensa y la seguridad europea se cubran mediante recortes en políticas estructurales como la PAC, que durante décadas han sido un pilar fundamental del proyecto europeo. Frente a esta deriva, ha defendido que estos nuevos gastos deben financiarse a través de una mayor aportación directa de los Estados miembros al presupuesto comunitario. Rechazo a la nacionalización de los fondos de cohesión El Gobierno regional también ha mostrado su rechazo a la propuesta de integrar los fondos de cohesión en un nuevo macrofondo que se gestionaría desde los gobiernos nacionales. Este planteamiento, incluido en el diseño presupuestario europeo para el periodo 2028-2034, supondrá un paso hacia la nacionalización de los fondos, una fórmula que, según ha advertido Martínez Guijarro, no garantiza una respuesta eficaz a las necesidades específicas de cada territorio. Desde Castilla-La Mancha se ha defendido que la gestión de los fondos de cohesión debe mantenerse en el ámbito autonómico para asegurar que los recursos lleguen allí donde más se necesitan. El Ejecutivo regional ha recordado que el actual modelo ha permitido adaptar las políticas europeas a la realidad de cada comarca, algo especialmente relevante en una región con amplias zonas rurales y problemas estructurales de despoblación.