El Parlament de Cataluña ha aprobado una ley pionera para regular el alquiler de temporada y evitar que se esquive el tope a los precios del alquiler habitual. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSC, ERC, Comuns y la CUP, mientras que Junts ha votado a favor de algunos artículos pero ha rechazado el núcleo de la norma. La cámara ha validado la ley después de que el Consell de Garanties Estatutàries la avalara casi en su totalidad, aunque incorporando enmiendas para impedir que caduquen los pisos de protección oficial en zonas tensionadas. La consejera de Vivienda, Sílvia Paneque, ha asegurado que la ley otorga "más claridad normativa" y "garantías" a la ciudadanía. "Cuando la vivienda falla, se pone en riesgo la cohesión social, las oportunidades y la calidad democrática del país. Si la vivienda funciona, el país funciona, y la ley va en esa dirección", ha defendido Paneque, subrayando que no defender este derecho es "una invitación a tener un país, unos barrios y unas ciudades más inseguras, menos cohesionadas y menos progresistas". La nueva norma modifica las leyes del derecho a la vivienda, el texto refundido de la ley de urbanismo y la de mejora urbana, además de varios decretos. Su objetivo es regular el alquiler de temporada y el de habitaciones, vincularlo a un plan especial que justifique el interés público y limitar los precios. Además, la ley contempla la creación de un registro de grandes tenedores, una Comisión de Supervisión de Contratos de Arrendamiento y refuerza la inspección, declarando a los inspectores como agentes de la autoridad. Junts ha cargado contra el grueso de la ley, acusando a los grupos que la apoyan de "espantar el mercado". La diputada Glòria Freixa ha afirmado que, aunque la regulación es necesaria, no puede basarse en la contención de rentas por ser "contraproducente". Freixa también ha rechazado la creación de un registro de grandes tenedores y la adopción de la definición de la legislación española: "No participaremos de esta bajada de pantalones de nuestras competencias", ha sentenciado. Por su parte, la diputada del PPC, Àngels Esteller, ha anunciado que su formación presentará un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que la regulación es una competencia estatal. Desde Vox, Mónica Lora también ha denunciado la "invasión de competencias del Estado" y ha alertado de que la ley "genera todavía más incertidumbre, inestabilidad y inseguridad jurídica". La visión de los propietarios es radicalmente opuesta. Sergi Ballester, presidente de la Associació de Propietaris de Catalunya, califica la ley como "la confirmación de un fracaso legislativo con las políticas de vivienda". Según Fuster, el mercado ya está "colapsado", con una "demanda desbordante y una oferta mínima", y esta norma no funcionará. Critica que la ley se base en la "paranoia" de que todos los contratos de temporada son fraudulentos para esquivar la normativa. Fuster denuncia una "persecución al propietario" y considera que la ley es "inconstitucional" por vulnerar los principios de unidad de mercado. Advierte que el resultado será el contrario al que se persigue: "Falta de seguridad jurídica" que provocará que los dueños retiren pisos del mercado, lo que a su vez reducirá la oferta. Acusa a la administración de "pasar la patata caliente" a los propietarios particulares, quienes, según él, son "parte de la solución". Finalmente, los grupos que han apoyado la ley, como PSC, ERC, Comuns y la CUP, han celebrado lo que consideran un "gran paso". La diputada de ERC, Ester Capella, ha reivindicado la soberanía del Parlament para legislar: "No es ninguna invasión de competencias, es ejercer las competencias del país". Por su parte, Susana Segovia (Comuns) ha exigido que se sancione el incumplimiento, mientras que Laure Vega (CUP) ha pedido ir más allá y prohibir la compra especulativa.