El procurador que estuvo trabajando durante décadas para el Ayuntamiento de Torrevieja y que está acusado supuestamente de falsedad documental, estafa y deslealtad profesional ha devuelto al municipio 34.000 euros correspondientes a costas procesales municipales que no había reintegrado, y que sería el total del montante que la investigación señalaba que faltaban en la contabilidad municipal.