La situación de inseguridad que provocó la ley de vivienda 12/2023, de 24 de mayo ha originado una situación que ha repercutido en la reducción de la oferta del mercado de alquiler ante el miedo de los propietarios de vivienda a poner en circulación arrendaticia sus inmuebles. Y ello, ante el riesgo de que si se dejan de pagar las rentas se plantee el alegato de vulnerabilidad de los inquilinos y se establezca un recorrido sin fin con retrasos para la devolución posesoria del inmueble alquilado sobre el que no se pagan las rentas.