El caso Salazar, Torremolinos o Lugo prueban los errores de un protocolo y buzón que ahora Igualdad estudia hacer obligatorio a los agentes sociales pese a que desde 2007 es obligatorio que todas las empresas tengan un protocolo. Más información : El Gobierno estudia generalizar a partidos, sindicatos y empresas el buzón antiacoso como el implantado por el PSOE