Los rectores de las universidades públicas andaluzas han dicho basta. La financiación universitaria ha vuelto a enfrentar a los campus públicos con el Gobierno de Moreno Bonilla. La mayoría de los rectores rechaza el segundo reparto del presupuesto universitario de 2025, cifrado en 1.775 millones de euros, por una razón tan simple como demoledora: es insuficiente hasta el punto de que "no da ni para pagar las nóminas". No se trata de una protesta coyuntural ni de un pulso corporativo. Es una advertencia seria, colectiva y fundamentada frente a una política de asfixia económica que amenaza el corazón del sistema universitario público andaluz. El rechazo mayoritario al reparto presupuestario marca un punto de inflexión: la paciencia se ha agotado. Y el incumplimiento reiterado de compromisos por parte de Moreno Bonilla ya no puede maquillarse con palabras grandilocuentes ni anuncios huecos. Lo ocurrido en el Consejo Andaluz de Universidades estos días no es un simple desacuerdo técnico. Es la constatación de que la Junta vuelve a incumplir, por segundo año consecutivo, su propio modelo de financiación aprobado en 2023. Un modelo que debía aportar estabilidad y certidumbre al sistema y que hoy es papel mojado. Los rectores alertan de algo tan básico como devastador: cuando una universidad no puede garantizar salarios, todo lo demás —docencia, investigación, innovación— se tambalea. El reparto propuesto no incluye, entre otros aspectos clave, la partida adicional de 16 millones de euros comprometida públicamente por el presidente andaluz durante la apertura del curso universitario. Así lo han denunciado las propias instituciones en un comunicado conjunto. No se trata de un error administrativo ni de un retraso puntual. Es un incumplimiento explícito que vulnera las bases del modelo financiero acordado y aprobado por la propia Junta. Las universidades recuerdan, además, la obligación legal del Gobierno andaluz de respetar lo aprobado por su propio Consejo de Gobierno. En este contexto, han denunciado el abono de 37 millones de euros bajo el concepto de "proyectos estratégicos no consolidables" cuando, en realidad, corresponden a conceptos retributivos. Una maniobra que, según los rectores, "no se sostiene jurídicamente". El portavoz de las universidades públicas andaluzas y rector de la Universidad Pablo de Olavide, Paco Oliva, ha sido claro. Presentar gasto estructural como si fuera coyuntural es una forma de disfrazar la realidad para cuadrar números sin asumir responsabilidades políticas. Oliva ha expresado su decepción con el Gobierno andaluz y ha denunciado que la financiación destinada a la educación superior pública sigue reduciéndose, hasta el punto de que en muchos centros ya no alcanza para pagar las nóminas. Nada de esto es nuevo. Es un capítulo más de una estrategia sostenida de ahogo financiero a la universidad pública para favorecer el negocio privado. Desde 2019, las universidades públicas andaluzas arrastran una pérdida acumulada de financiación básica cercana a los 200 millones de euros. Un agujero que muchas han tenido que cubrir con sus propios remanentes, comprometiendo su viabilidad futura. A ello se suma el fiasco del plan de infraestructuras universitarias: de los 165 millones...