El Partido Comunista (PC) calificó como una "exageración" las críticas de la oposición contra el protocolo de acuerdo firmado con el sector público, que incluye normas que han sido catalogadas como propicias para instalar "amarres" de "activistas políticos" en cargos y puestos públicos. El punto de conflicto radica en el artículo 14 del texto, que establece que la no renovación de contratos de trabajadores públicos deberá realizarse mediante un "acto administrativo fundado", prohibiendo que se aluda a las "necesidades del servicio" como única mención para la justificación formal. Desde las derechas interpretaron esto como un intento de la Administración Boric de proteger y mantener a "activistas políticos" en cargos públicos, sobre todo para entorpecer el recorte prometido por José Antonio Kast e incluso el eventual recambio de funcionarios. En este escenario, el timonel del PC, Lautaro Carmona, encontró "exageradas" las acusaciones y aseguró que la postura de la futura Administración "va a tener una respuesta no nuestra, sino de las propias organizaciones del mundo afectado". En la misma línea, el diputado comunista reelecto Marcos Barraza expresó: "Creo que las organizaciones sindicales del sector público tienen el deber y la responsabilidad de representar a sus asociados, que son las trabajadoras y trabajadores del sector público". "Esto es un ejercicio bien habitual de cada año, que incluso en el Gobierno del exPresidente Piñera se dio profusamente. Entonces, sería extraño que hoy, el Gobierno electo o el Presidente electo, desconozca el ejercicio de negociación que es propio de los derechos sindicales", manifestó. El controversial protocolo firmado también señala que los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad si no se renueva su designación, o se hace bajo condiciones distintas. Además, en dichos casos, la Contraloría solo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales. Diputado UDI: "Esto condiciona la discusión en el Congreso, es un precedente nefasto" El diputado UDI Henry Leal volvió a criticar el proyecto de ley que fija el reajuste salarial del sector público debido a la inclusión de las normas referidas, y acusó que su ingreso al Parlamento es un "nefasto precedente" que ya "condiciona el debate". "Esta norma condiciona completamente la discusión parlamentaria, es un precedente nefasto. Se quiere poner en una ley transitoria de un año una norma que es permanente prácticamente, y dejar condicionado y amarrado al próximo Gobierno", fustigó el parlamentario UDI. "Nosotros no vamos a estar disponibles con nuestros votos para aprobar una norma de esa naturaleza. Nos parece impresentable. Esperamos que el Presidente (Boric) rectifique; de lo contrario, va a recibir el rechazo de nuestra bancada en el Congreso", advirtió. Los dichos del diputado se dan luego que el Gobierno explicara que el proyecto hace la distinción entre funcionarios de carrera -a los que se aplicará la norma- y de confianza; y que afirmara que tiene "voluntad de diálogo" en caso de cambiar aspectos de la inciativa.