El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, presentó una iniciativa de reformas para crear un mecanismo excepcional que permita sancionar bajo el régimen penal a los adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos dolosos de “extrema gravedad", una vez que alcancen la mayoría de edad.Subrayó que la realidad en México muestra que grupos criminales reclutan a adolescentes para participar en homicidios dolosos, secuestros, violaciones agravadas o portación de armas de fuego, particularmente en entidades como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y la Ciudad de México, donde ya constituye un problema estructural.De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación por homicidio doloso cometidos por menores crecieron más de 40 por ciento entre 2019 y 2024.Tan solo en la Ciudad de México se duplicaron los casos de adolescentes de 14 a 17 años detenidos por homicidio y portación de armas, muchos de ellos reclutados desde los 12 años.Al respecto, organizaciones como Reinserta AC han advertido que más de 250 mil menores están en riesgo de ser cooptados por la delincuencia y que factores como la pobreza, la desintegración familiar y la sensación de impunidad favorecen esta dinámica.Ramírez Marín subrayó que casos recientes como los asesinatos del empresario Samuel Cohen Gindi, en la colonia Anzures, y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con la participación directa de adolescentes de 16 y 17 años, ejemplifican una tendencia en la que jóvenes asumen responsabilidades letales dentro de grupos delictivos.Remarcó que su propuesta de reformas a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y al Código Nacional de Procedimientos Penales no busca criminalizar a la juventud, sino dotar al Estado de instrumentos proporcionales y garantistas ante delitos de extrema violencia, protegiendo a las víctimas sin renunciar al enfoque humanista del sistema juvenil.Para ello incorpora un nuevo Título VII Bis a la legislación especializada, donde se fijan criterios, plazos y procedimientos claros para garantizar que cualquier decisión judicial se base en evidencia técnica y en la protección de los derechos humanos.El legislador de la bancada verde destacó que esta iniciativa busca cerrar vacíos legales, fortalecer la seguridad pública y restituir la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para responder con firmeza y proporcionalidad ante los desafíos que plantea la creciente violencia juvenil en el país.​LP