Las sentencias abarcan homicidios agravados, desapariciones de personas, feminicidios agravados, extorsión, tráfico ilícito y ocupación ilegal de inmuebles, en el marco de la ofensiva gubernamental contra las pandillas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esta acción judicial representa uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado en el país centroamericano.