Tras una revisión directa del Presupuesto Ciudadano 2026, publicado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), se constató que la Ley 34-23 no figura como partida presupuestaria específica, programa institucional ni como gasto condicionado por ley, a pesar de tratarse de una legislación vigente que reconoce derechos fundamentales en salud, educación e inclusión social