Los datos más recientes del INE, el catastro y el Ministerio de Vivienda permiten obtener una imagen clara del parque inmobiliario español. A partir del censo del INE, que se actualiza cada diez años y se complementa con las licencias de obra concedidas, en el último recuento de 2021 clasifica los inmuebles según su uso: residencial, comercial, administrativo, industrial o cultural... En este artículo nos centramos exclusivamente en las viviendas familiares, excluyendo los establecimientos colectivos. En España existen alrededor de 26 millones de viviendas familiares, con 18 millones de hogares. Según el consumo eléctrico anual, se estiman 3,8 millones de viviendas vacías y 2,5 millones de uso esporádico. Aunque los datos oficiales no se han actualizado desde 2021, fuentes como Idealista sitúan el parque total a finales de 2024 por encima de los 27 millones de viviendas, con unas 450.000 sin vender. De ese total, 19,2 millones serían viviendas principales y el 28,6 %, es decir, 7,7 millones, no serían principales. Estas cifras continúan creciendo y nos obligan a preguntarnos por qué hay tanta vivienda vacía en España y por qué el fenómeno no deja de aumentar. Las razones son diversas y, en muchos casos, coinciden entre sí. Una parte importante del parque vacío corresponde a viviendas que necesitan reformas estructurales o que se encuentran en zonas rurales, pequeños municipios y áreas con muy baja demanda. También influyen los desacuerdos entre herederos, los procesos administrativos y los litigios que paralizan el uso de los inmuebles durante años. A todo ello se suma la especulación inmobiliaria: numerosas viviendas se mantienen vacías deliberadamente como inversión, esperando una revalorización a largo plazo. Parte del parque también aparece registrado como vacío porque está dedicado al alquiler vacacional sin regulación específica, algo que se corrige en territorios como Balears, donde las viviendas turísticas deben disponer de licencia. Pero uno de los factores más determinantes es el temor de los propietarios a los impagos, los daños en la vivienda o la ocupación ilegal. La sensación de desprotección jurídica, unida a los largos procesos de desahucio, hace que muchos prefieran no alquilar sus viviendas. Esta realidad resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que entre los 3,6 y 4 millones de viviendas en alquiler, más del 90 % pertenecen a pequeños propietarios, mientras que apenas un 5 % está en manos de grandes tenedores como bancos o fondos de inversión.Si analizamos el caso de las Islas, donde existen unas 652.000 viviendas según el INE, se estima que más de 105.000 están vacías. Esta cifra supera incluso las aproximadamente 103.000 destinadas al alquiler y a las 15.000 que cuentan con licencia turística. Además, otras 105.000 viviendas se consideran de uso esporádico. El equilibrio entre vivienda habitual, turística y vacía es especialmente delicado en un territorio con tanta presión residencial. Cada propietario debe conservar la libertad de vender, alquilar, guardar o destinar su vivienda a uso turístico, siempre cumpliendo la ley, pero es evidente que una mayor seguridad jurídica animaría a muchos más a poner sus viviendas en el mercado del alquiler de larga duración. Durante la celebración del día de la Constitución, dedicado al artículo 47 –que reconoce el derecho a una vivienda digna–, destacó la intervención de Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, al exponer algunas medidas adoptadas en su ciudad y que volviendo al artículo C+M (Copiar y Mejorar), sin meternos en temas políticos, también podrían establecer nuestros gobernantes.Explicó que han limitado el alquiler vacacional únicamente a edificios completos; se refirió al éxito de haber mantenido, incluso rebajado el tanto por ciento de precio en el alquiler, pues solo tienen licencia de alquiler vacacional cuando lo es todo el edificio, no vale que lo soliciten la mayoría de propietarios. También detalló que se exige reservar un porcentaje de vivienda pública en las nuevas promociones urbanísticas y que la ciudad ha sido declarada zona tensionada, como ya ocurre en más de 300 municipios de España, principalmente en Catalunya, País Vasco, Navarra y Galicia, medida que permite controlar la evolución de los precios del alquiler. La aplicación sensata de las medidas podría estudiarse en otros territorios, siempre respetando la propiedad privada. De cara al futuro, es probable que la vivienda se convierta en uno de los temas centrales de las próximas campañas electorales. Quedan cuestiones abiertas: si se ampliará la declaración de zonas tensionadas, si se impulsará de manera efectiva la vivienda pública, si se reforzará la protección jurídica al arrendador, si se rehabilitarán viviendas deterioradas cuyos propietarios no pueden asumir las reformas o si se exigirá a los promotores destinar parte de sus nuevas construcciones a vivienda asequible. También podría abrirse el debate sobre la negociación con otras administraciones para destinar a vivienda suelos infrautilizados, como antiguos terrenos militares, deportivos o administrativos. Incluso podría plantearse la posibilidad de limitar la compra de viviendas a no residentes. Todo apunta a que estas cuestiones serán protagonistas en la próxima campaña electoral. Habrá que confiar en que la sensatez y el interés general guíen las decisiones de nuestros gobernantes.