He leído con atención el artículo publicado recientemente en este medio sobre los convenios público-privados en Educación, firmado por la presidenta del Consejo Escolar de Navarra. Comparto la preocupación por ofrecer la mejor respuesta posible al alumnado con necesidades educativas y a sus familias, pero considero necesario matizar algunas afirmaciones y aportar una reflexión desde la experiencia profesional y desde la defensa de un sistema público y singular de atención a la diversidad que tenemos en Navarra, construido a lo largo de los años.